Los abogados Gustavo Olivera y Gustavo Mazieres, quienes representan como querellantes a Francisco Ledesma, una de las víctimas de la dictadura militar, sostuvieron, en el momento de solicitar la elevación a juicio de la causa, que todos los imputados participaron de las detenciones, secuestros, torturas, robos, allanamientos, amenazas y desaparición al menos en una de las 17 víctimas. También dijeron que la división de las tareas era la forma de realización y consumación del plan criminal.

Con el antecedente de pedidos de 25 años de cárcel y de prisión perpetua que formularon la semana pasada la APDH y el Centro de Profesionales de los Derechos Humanos respectivamente, Olivera-Mazieres también pedirán severas condenas.

La audiencia comenzará a las 9 y es la última reservada para los querellantes, ya que la etapa de acusaciones terminará mañana con los fiscales Manuel de Reyes Balboa y Marcelo Grosso.

Unos sí, otros no

Se espera que presencien la audiencia los acusados Enrique Braulio Olea, Hilarión de la Pas Sosa, Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Sergio San Martín. Este último la semana pasada no participó por padecer un estado gripal.

En tanto desistieron de estar presentes en la audiencia Oscar Lorenzo Reinhold, Luis Alberto Farías Barrera, Mario Alberto Gómez Arenas y Francisco Julio Oviedo.

"Todos y cada uno de ellos participó, en carácter de autor o cooperador?", de los hechos que se les atribuyen, señalaron los profesionales que hoy, con la profusa prueba testimonial recolectada a lo largo de las audiencias, tendrán la oportunidad de explayarse al formular la acusación.

Ledesma fue detenido el 19 de enero de 1976 de su domicilio en Comodoro Rivadavia. Lo llevaron a la U-6 de Rawson, de donde lo trasladaron a la U-9 de esta ciudad junto a otras víctimas de la represión. El operativo lo comandó Farías Barrera, pero también habría estado Molina Ezcurra y, según se desprendió de los testimonios de las audiencias, pudo haber tenido protagonismo Axel Pastor.

Después, según relató en su declaración en el juicio y previamente en la instrucción, lo llevaron a "La Escuelita" donde fue blanco de un cruel e impiadoso castigo. Picana eléctrica, submarino seco, golpes y todo tipo de castigo físico, junto a una humillante degradación psicológica, constituyeron el calvario que fue su estada en el centro ilegal de detención.

Fin del calvario

Ledesma fue llevado nuevamente a Rawson y de allí a La Plata, donde finalmente fue liberado el 15 de diciembre de 1981. La víctima padeció cinco años de detención.

Olivera y Mazieres señalaron que Gómez Arenas fue el que impartió las órdenes de los ilícitos que se cometieron y que Sosa dio asesoramiento médico a los perpetradores y participó, directa o indirectamente, con la aplicación de tormentos.

Al igual que otros querellantes entienden que las conductas, por haberse realizado dentro del plan sistemático criminal, en tiempos de paz, encuadran en el delito de genocidio -hacen alusión al fallo contra el sacerdote militar Cristian Von Wernich, donde se hizo este enfoque-, en tanto tenían como fin la destrucción de un grupo nacional.

También califican a estos delitos como de lesa humanidad, en tanto el plan y la ejecución cumplida lesionan al género humano en su totalidad.

Agencias Neuquén y Centenario (Diario Río Negro)