El actual vicepresidente parece promover -una vez más- la transformación de la institución presidencial. En el presidencialismo "realmente existente", el poder de la casa del Ejecutivo es asimétrico, si bien siempre es posible compartirlo, aunque nunca debe dividirse a riesgo de generar una grave crisis de gobernabilidad. Esa unidad de la presidencia representa el blindaje necesario para establecer una relación especial con los otros poderes, de mutuo equilibrio y control. Efectivamente, de acuerdo con la teoría y práctica del gobierno presidencial, en esas relaciones con las otras ramas de gobierno el poder se divide y se compite por él.

Julio Cobos ha dado vía libre a sus principales operadores políticos para que impulsen una consulta popular de ratificación de su figura vicepresidencial a fin de clausurar, por un camino distinto del de la renuncia, la conflictiva relación entablada con los Kirchner. Por ello procura contar con una legitimidad electoralmente expresada por fuera de aquella compartida con Cristina Fernández en las elecciones de hace un año.

Por supuesto que la puesta en marcha de la idea de un referéndum ratificatorio a favor del segundo de la presidencia generaría más problemas que soluciones a los reclamos por la legitimidad de origen no sólo del titular del Ejecutivo, también la que hace al carácter instituyente del propio Poder Legislativo. En ese sentido hay una línea crítica que lleva más de dos décadas cargando sobre el presidencialismo y que insiste en los inconvenientes que acarrea la doble legitimidad de esta forma de gobierno. La cuestión estriba en la disputa "sistémica" entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ello se debe a la elección independiente del presidente y el Congreso. Tensión que se incrementa cuando en elecciones de medio tiempo el partido del presidente pierde la mayoría en el Parlamento a manos de la oposición, generando entonces un gobierno dividido. Al mismo tiempo se agrava esa tensión si se carece de un dispositivo institucional -el primer ministro en los regímenes semipresidenciales- que refleje la nueva relación de fuerzas.

Si prosperara el referéndum a favor del vice, cuando falta apenas un año para las próximas parlamentarias, la disputa por la legitimidad ya no tendría dos demandantes sino tres. Consecuentemente se establecería una difícil convivencia entre esos tres actores, sobre todo cuando el que hace su desequilibrada irrupción carece de una arquitectura institucional de peso desde donde hacer sentir algo más que una voz discordante. Además, sería blanco fácil a la crítica por el tono plebiscitario que siempre tiene la elección de un presidente. Ese carácter plebiscitario se volcaría a favor del vice cuando el presidente sigue en ejercicio y aún cuenta con la misma fuente de legitimidad, eventualmente devaluada o fortalecida según lo que deje una dura competencia donde sería inevitable su participación. El resultado de una compulsa semejante es la salida de uno de los dos y, si no es así, daría lugar al desarrollo de un incierto camino parlamentario de arbitraje obligado.

Aun reconociendo dichas implicancias institucionales, habría un cálculo orientado a mantener encendida la flama de una vicepresidencia que carece de otras herramientas para un protagonismo mayor frente al que, por peso propio, dispone el presidente. A pesar del desenlace de la iniciativa lanzada, el vicepresidente parece querer aprovechar cualquier oportunidad con tal de sostener ese protagonismo. El objetivo: transitar la senda que conduce a la contienda presidencial del 2010. Sin embargo, para un hombre sin partido catapultado como líder de audiencia, tres años de espera se torna un tiempo angustiante. Uno demasiado prolongado, sin nuevas oportunidades para repetir otra defección "legislativa" de implicancias políticas relevantes como la que lo llevó a desempatar en la histórica sesión del Senado en que se debatió el tema de las retenciones sobre el agro. Tal ha sido el aprendizaje del binomio Kirchner, que en las iniciativas legislativas que siguieron a aquel fracaso -Aerolíneas, AFJP, presupuesto- el arma del desempate ya no parece caber dentro del repertorio de decisiones del presidente de la Cámara alta. Y en el caso de que ocupara la presidencia provisionalmente -como ocurrió ante la reciente gira de la presidenta-, el recurso al veto lo llevaría a enemistarse con el poder parlamentario sólo por satisfacer a una de sus partes, impotente en reunir una mayoría propia. El reciente pedido de la bancada del PRO para que Cobos vetara la ley de estatización de los fondos de pensiones marca también los límites del discurso republicano, ya que esa fuerza apeló al recurso tan vehemente criticado del decisionismo presidencial.

En el país las propuestas de referéndum ratificatorios o en algunos casos para bloquear eventuales pretensiones de nuevos mandatos, más allá de lo constitucionalmente permitido, han fracasado. Cuenta el más reciente, promovido por Aníbal Ibarra frente a la embestida opositora que lo llevó finalmente a afrontar el juicio político destituyente por la tragedia de Cromañón. Fracasaron también las anteriores. Aquellos que se propusieron frenar las apetencias re -reeleccionistas de Carlos Menem sólo fueron un arma de amenaza de parte de las administraciones distritales de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Asimismo, la del propio Menem para la reforma de la Constitución nacional, aunque sí resultó efectiva como herramienta de presión para la firma del Pacto de Olivos.

Habría otro cálculo más mundano en la actual propuesta de referéndum. Sabiendo de antemano que una iniciativa semejante resultaría una ofensa imposible de pasar por alto para los Kirchner, su negativa pública le daría oportunidad a Cobos de retirarse con suficiente gallardía para elevar su voz crítica a la construcción de un poder que se niega a la consulta popular.

A pesar de todo ello, el mismo vicepresidente sabe que semejante iniciativa es imposible de llevar a la práctica. La primera razón se debe a la ausencia de un dispositivo efectivo que contemple el seccionamiento de la fórmula de la que forma parte. Por otro lado, a la ausencia de una "democracia del referéndum" como sí parece haberse instalado en otras áreas donde domina el presidencialismo.

Si bien es cierto que en la última década el presidencialismo argentino ha adquirido saludable flexibilidad, la emergencia de una solución como la planteada por las voces de Cobos generaría un adicional factor de incertidumbre en el que si se llevara a la práctica las consecuencias serían mayores a la sola distorsión de las bases del propio sistema.

GABRIEL RAFART

Profesor de Derecho Político de la UNC