Importantes revelaciones ha logrado la Justicia rionegrina sobre trata de personas y sobre presunta connivencia entre policías de la provincia con propietarios de cabarets y prostíbulos.

De datos proporcionados por víctimas de tan detestable negocio, la jueza Marisa Bosco, de Choele Choel, dispuso grabar las conversaciones telefónicas desde y hasta varios teléfonos de la región, de lo que resultaron 200 cassettes con información, en algunos casos, muy elocuente.

La causa, que se inició como una derivación de la actividad judicial que buscaba encontrar a la menor Otoño Uriarte, derivó ya en la citación a declaración indagatoria de cuatro policías, otros varios citados a dar testimonial y el pedido de que el fiscal dictamine si advierte delito en los obstáculos que el jefe de Policía, Victor Cufré, puso a la tarea del único oficial de la fuerza rionegrina que colabora en el caso con la jueza Bosco.

Luego de que la jueza realizó allanamientos a varios cabarets de Valle Medio con la colaboración de la Policía Federal, la información suministrada por las jóvenes objeto de trata de personas derivó en que la jueza dispusiera el secreto de sumario y pidiera a organismos nacionales que escucharan y grabaran las conversaciones realizadas desde y hasta varios teléfonos.

De esa tarea, cuyo análisis está aún pendiente por la magnitud del material a escuchar, surgió ya una reveladora conversación, que muestra a un alto jefe de la Comisaría Tercera de General Roca llamando a su celular a un empresario de cabarets.

Durante la charla, el empresario elige qué policías quiere para adicionales en su local y cuáles no. El oficial policial, en tanto, le anticipa cuándo habrá un control policial en el cabaret y, en un aparente intercambio de favores, le solicita una cita con motivos sexuales con una de las jóvenes que trabaja como alternadora (Ver "Posiblemente...").

Toda la conversación se da en un marco de amistad y confianza mutua.

El material, al que "Río Negro" tuvo acceso, fue motivo de análisis del fiscal de Valle Medio sobre competencia, y será por ello girado al juzgado de turno en Roca, puesto que en esa ciudad se originó la llamada y los hechos que en ella se referencian.

Otra parte de las pruebas han sido derivadas al Juzgado Federal, ya que a esa jurisdicción compete lo referido a la trata ilegal de personas con fines de explotarlas en la prostitución.