Hasta ahora, todos los intentos del gobierno kirchnerista por hacer creer que la economía nacional está en buenas manos y por lo tanto la Argentina se contará entre los países menos perjudicados por la crisis internacional han resultado ser contraproducentes. Lejos de inspirar confianza, la manipulación de las estadísticas suministradas por el INDEC a fin de persuadir a la gente de que aquí apenas hubo inflación sólo sirvió para sembrar el desconcierto y, al provocar dudas acerca de la seriedad del gobierno, para agravar todavía más nuestro aislamiento. Lo mismo puede decirse del anuncio por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que pagaría de golpe todo el dinero adeudado al Club de París. En cuanto a la eliminación fulminante de los fondos de pensión privados, la mayoría de los interesados en la marcha de la economía la tomó por un síntoma del pánico que según parece se había apoderado del matrimonio gobernante al intensificarse el temor a que el país se dirigiera hacia un nuevo default, no por evidencia de su voluntad de cumplir cueste lo que costare con los próximos vencimientos de la deuda pública.

¿Será menos negativo el impacto del blanqueo masivo que, de aprobar el Congreso las medidas propuestas por el gobierno, disfrutarán casi todos los evasores impositivos y quienes mantienen capitales de origen dudoso en el exterior? No hay motivos para creer que el paquete improvisado por el ex presidente Kirchner y sus pocos allegados produzca la avalancha de dinero fresco que tanto espera. Aun cuando algunos personajes aprovechen una oportunidad para migrar desde la mitad negra de la economía nacional hasta la blanca, otros, sobre todo los inversores serios, decidirán que no les convendría en absoluto arriesgarse en un país en que mofarse de la ley casi siempre resulta ser un muy buen negocio. Otro motivo de preocupación para los hipotéticos inversores en potencia es la incoherencia extraordinaria del gobierno kirchnerista. Por un lado, Cristina atribuye la crisis financiera internacional a la laxitud de los encargados de regular los mercados financieros, mientras que por el otro parece resuelta a probar que por ser la Argentina un país sin reglas los acostumbrados a operar al margen de la ley deberían encontrarla atractiva.

Aunque el proyecto oficial prevé excluir a los funcionarios públicos de sus beneficios, la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, dista de ser la única persona que sospecha de que un propósito del blanqueo de capitales -además de deudas impositivas- que se ha propuesto consiste en ayudar a empresarios vinculados con el gobierno a repatriar su dinero mal habido. Asimismo, las medidas que se han planteado brindarían oportunidades acaso irresistibles a la multitud de corruptos y delincuentes, como los narcotraficantes, que están buscando la manera de lavar grandes cantidades de plata sucia. Por lo demás, el que de resultas del blanqueo puedan extinguirse varias causas notorias, como la que involucra a la constructora sueca Skanska, significaría un alivio para un gobierno que se vería severamente afectado si, como ya parece poco probable, la investigación llegara a buen puerto.

A partir de la debacle que siguió al colapso de la convertibilidad, los gobiernos nacionales han privilegiado sistemáticamente a los deudores por encima de los ahorristas y premiado a los infractores a costillas de quienes cumplen con sus obligaciones. Como ya han señalado muchos economistas, políticos opositores y ex funcionarios, entre ellos quien fue titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, es sencillamente inmoral que cada tanto los evasores impositivos se vean puestos en pie de igualdad con los ciudadanos honestos. También es miope. A esta altura, nadie puede desconocer que la evasión impositiva constituye uno de los problemas principales del país y que por lo tanto crear lo que Abad llama "una nueva cultura tributaria" debería ser prioritario para cualquier gobierno que se preocupe por el mediano plazo y el largo. Sin embargo, parecería que la campaña en tal sentido que impulsó Néstor Kirchner no fue más que una farsa ya que, como intuyeron los reacios congénitos a mantenerse a día, tarde o temprano una moratoria confirmaría que en nuestro país sólo los tontos procuran respetar las reglas.