En un principio dudé sobre cuál sería la mejor oportunidad para transmitir estas líneas de pensamiento y estuve a punto de no escribirlas. Pero cambié de idea, a partir de la impotencia que me generó leer y escuchar cómo de un modo ligero, infundado y gratuito se ha afectado la credibilidad en las instituciones y mancillado el honor de las personas. Asimismo, creo que es un deber como integrante de la función pública aportar mi visión respecto de los hechos que son de público conocimiento.
Desde el momento en que se incorporó con rango constitucional la figura del Consejo de la Magistratura, es decir, mucho antes de que comenzara a funcionar, hubo sectores que, defendiendo oscuros intereses corporativos, comenzaron a atacarlo de manera maliciosa y prejuiciosa. Como este nuevo diseño constitucional que selecciona y designa magistrados y funcionarios, venía a afectar numerosos intereses creados, y como además, una de sus funciones es la de evaluar periódicamente desempeños, generó incertidumbre y por sobre todo despertó algunas actitudes profundamente reaccionarias. Consecuentemente, para algunos, comenzó a ser conveniente trabajar para intentar desacreditar y socavar la credibilidad de este órgano que comenzaba a dar sus primeros pasos.
Pese a estos intentos, fue imposible ignorar que la reforma constitucional del 2006 permitió a la provincia del Neuquén dar un enorme salto cualitativo en lo institucional hacia la mejora del Servicio de Justicia, ya que incorporó al sistema un organismo independiente, extrapoder, que no depende ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo, de perfil participativo y pluralista, que permite la participación ciudadana y que hace de la transparencia un axioma diario en cada uno de sus actos, que por su composición y modo de funcionamiento no guarda ningún parecido con otros consejos del país. Puede gustar más o gustar menos, pero gran parte de las críticas provenientes de algunos sectores legislativos -paradójicamente- pareciera que son porque les molesta su real independencia interna y externa.
Al ser la conformación inicial, como primeros integrantes del organismo nos tocó hacer camino al andar. Nada existía y se debió elaborar absolutamente toda la normativa; y la misma surgió producto del profundo análisis de la temática, pero fundamentalmente del diálogo y del consenso. Destaco especialmente lo valioso del consenso ya que, por el pluralismo del cuerpo, todos veníamos de distintos orígenes políticos o culturales, y con distintas visiones humanas y filosóficas.
De lo actuado hasta la fecha, en menos de dos años y a lo largo de 17 concursos se han presentado más de 70 postulantes, de los cuales han sido designados 22, habiéndoseles prestado acuerdo legislativo a 21. Es decir que la mayoría de los representantes del pueblo han coincidido con la selección y designación realizada por el Consejo en más del 95% de los casos. Debemos recordar que todos los concursos se realizaron con el mismo procedimiento y normativa que hoy sorpresivamente es tan cuestionada por algunos.
Por el tenor de lo que he escuchado o leído, sospecho que muchos de los que alzan su voz con críticas hacia este organismo, pareciera que no se han tomado la molestia de leer su ley de creación, mucho menos sus normativas reglamentarias de funcionamiento interno -que son de fácil acceso en el sitio oficial www.magistraturanqn.gov.ar - ni han asistido a presenciar las distintas etapas de los concursos que son públicos.
Puede entenderse que en este último concurso tan mediatizado y politizado (Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes), el accionar individual e independiente de algún consejero -que ha llevado al extremo la necesaria discrecionalidad que la ley otorga al proceso- pudo generar todo tipo de opiniones o reacciones, pero habrá que buscarle en el marco de la legalidad la solución a este tema. Ahora bien, no por ello se debe arremeter indiscriminadamente, con argumentos carentes de juridicidad y constitucionalidad, dañando la institucionalidad de un órgano extrapoder que ha trabajado honestamente por mejorar el proceso de selección de algo tan importante como es tener un servicio de Justicia de excelencia.
Lamenté escuchar algunas argumentaciones legislativas que parecían arrogarse la suma del poder público y pretender sólo con ligeros argumentos políticos, desacreditar procedimientos ajustados a derecho, realizados por un órgano extra poder. En mi humilde entender, muchos de los argumentos hasta ahora plasmados estuvieron viciados de demagogia y oportunismo.
De más está decir que en todo concurso donde se seleccionen personas para ocupar un cargo, luego de terminado el proceso, habrá personas más conformes y otras menos, es parte de las reglas de juego. Reglas a las que todos los postulantes voluntariamente se someten. Pero en base a numerosas consultas realizadas -todas éstas bastante tiempo después de concluidos los respectivos concursos-, la gran mayoría de los postulantes, como así también la totalidad de los jurados de las evaluaciones técnicas (tanto los académicos de reconocida trayectoria y de extraña jurisdicción, como así también los prestigiosos funcionarios o magistrados del foro local que desinteresadamente han colaborado como jurados), han coincidido en que el sistema de selección actual brinda garantías de idoneidad y transparencia. Y lo más importante: todas las personas designadas por este Consejo honran diariamente con su eficiente acción el cargo para el cual fueron elegidas. Sin perjuicio de lo expuesto, no desconozco que como toda obra del ser humano, el proceso de selección puede ser mejorable y en eso silenciosamente muchos trabajamos día a día.
CLAUDIO GABRIEL GASTAMINZA
(*) Abogado. Integrante del Consejo de la Magistratura
