El sábado pasado, los asambleístas de Gualeguaychú celebraron con orgullo evidente el segundo aniversario del inicio del bloqueo -que siguen manteniendo- del puente internacional General San Martín que une nuestro país con Uruguay. Aunque lo único que han logrado con el corte es arruinar nuestra relación con el vecino, parecería que se creen protagonistas de una lucha épica contra la presencia en suelo uruguayo de la papelera construida por la empresa finlandesa Botnia. Según los líderes de la protesta, continuarán en el lugar hasta que por fin la empresa opte por irse. Es factible que cumplan con su amenaza, aun cuando tengan que esperar cien años. Aquí, los movimientos de este tipo suelen perpetuarse en el tiempo, acaso porque brindan a quienes participan la sensación de estar comprometidos con una causa justa y por lo tanto de pertenecer a un club de elegidos. De ser así, se trata de una manifestación más del conservadurismo extremo de amplios sectores de la población que por instinto repudian los planteos pragmáticos de quienes están más interesados en los resultados concretos de un curso de acción determinada que en los principios que supuestamente están en juego.

Si los militantes gualeguaychuenses fueran pragmáticos, hubieran entendido hace mucho tiempo que fracasaron por completo sus esfuerzos por frenar la instalación de la papelera en Fray Bentos y por lo tanto habría llegado la hora para dedicarse a otra cosa. Después de todo, luego de que los asambleístas llevaron sin éxito el asunto a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, institución que claramente hubiera preferido concentrarse en disputas más importantes, recibieron una reprimenda de un tribunal del Mercosur por cortar una ruta internacional y se vieron desautorizados por técnicos contratados por el Banco Mundial que opinaron que la papelera no contaminaría, Botnia pudo poner en marcha el proyecto. En el año último, la papelera ha producido 850.000 toneladas de celulosa pero muy poca polución, probando de esta manera que las advertencias apocalípticas de quienes habían previsto una catástrofe ecológica se debieron más a su propia imaginación febril que a cualquier intento serio de calcular los riesgos genuinos. Puede que los militantes hayan tenido razón cuando se quejaban de las consecuencias estéticas de tener una gran planta industrial ubicada en una zona de turismo relativamente bucólica, y tienen derecho a sentirse molestos por el olor que a veces sienten en Gualeguaychú, pero conforme a los criterios de todos salvo ellos mismos, la campaña contra Botnia resultó ser absurdamente exagerada. Asimismo, los presuntos beneficios de los cortes han sido magros y los prejuicios que han provocado enormes.

Puede que los asambleístas de Gualeguaychú hayan ayudado a estimular cierta preocupación por el medio ambiente en nuestro país al recordarle a la ciudadanía que ninguna papelera local es tan limpia como la finlandesa y que, de todos modos, en vista del estado apenas creíble en que se encuentra el Riachuelo, fue insensato que nuestro gobierno haya procurado convencer al resto del mundo que la Argentina, a diferencia de Uruguay, es un dechado de virtud ecológica. Sin embargo, aunque de resultas de las protestas algunos hayan tomado conciencia de la importancia de los problemas ocasionados por la contaminación industrial y de la necesidad de solucionarlos, las enseñanzas así supuestas no fueron gratuitas. La economía de la zona se ha visto duramente afectada al perder los comerciantes una alta proporción de sus clientes, y el impacto en la industria turística de Uruguay ha sido igualmente negativo. La disputa, agravada por los intentos cínicos del gobierno del presidente Néstor Kirchner de aprovecharlo transformándola en una "causa nacional", ha contribuido a debilitar todavía más al Mercosur que, para sorpresa de nadie, se mostró totalmente incapaz de resolver lo que en buena lógica debió haber sido una diferencia menor entre dos de sus integrantes. Y, para colmo, la negativa del gobierno kirchnerista a obligar a los manifestantes a acatar la ley y respetar la Constitución sirvió para dar un impulso adicional a la cultura anárquica reivindicada por quienes dicen creer que toda "protesta social" es legítima aun cuando suponga la violación sistemática y continuada de los derechos ajenos.