En la causa que investiga la presunta complicidad de jefes policiales con propietarios de cabarets para el tráfico ilegal de jovencitas a las que se inicia en la prostitución, la jueza Penal de Choele Choel, Marisa Bosco, citó a indagatoria a tres oficiales de la Policía rionegrina.

Además, pidió al fiscal que analice si el titular de esa fuerza, Víctor Cufré, incurrió en el delito de obstaculizar el accionar de la Justicia al disponer el traslado y un grave sumario al oficial comisionado por la magistrada para colaborar en el caso.

En la misma resolución, la jueza aludió a escuchas telefónicas que involucrarían al actual titular de la Comisaría Tercera de General Roca, Roberto Emiliano García, en la presunta comisión de un ilícito. Esto surgiría de un diálogo mantenido por ese jefe policial con el propietario de un cabaret de Roca, que posee también un local de esas características en Choele Choel.

La causa -surgida como una derivación impensada de la pesquisa por la desaparición de la jovencita Otoño Uriarte, hallada luego muerta- se inició cuando se grabaron conversaciones entre propietarios de un cabaret con empleados y jefes policiales, que mostraban trato de confianza y referencias a ilícitos vinculados con menores prostitutas y documentos alterados para encubrirlo.

Hace ya algunos meses, la jueza Bosco dispuso un allanamiento en cabarets de Valle Medio requiriendo para eso la colaboración de la Policía Federal, lo que provocó el disgusto de oficiales de la rionegrina.

De los testimonios recabados durante el allanamiento habrían surgido datos que corroborarían la hipótesis de una vinculación estrecha de colaboración y complicidad entre policías y proxenetas, lo que motivó a la jueza a disponer -a través de organismos nacionales- que se registraran las llamadas realizadas desde y a varios teléfonos de la región.

Unos 200 cassetes grabados resultaron de tal tarea, y precisamente de alguno de ellos surgen los datos que llevaron a la magistrada a adoptar las medidas dispuestas ayer.

En razón de la inmensa tarea que significa desgrabar esos cassettes, la jueza requirió al ministro de Gobierno, José Luis Rodríguez, que le haga llegar una nómina de no menos de cuatro policías bajo su mando para agotar esa labor.

Investigarán a Cufré

El pedido que realiza la jueza Bosco para que se investigue si el jefe de la Policía provincial incurrió en el tipo penal de obstaculizar el accionar judicial se relaciona con los reparos que ese alto funcionario interpuso intentando evitar que el único oficial que colabora con la magistrada en este delicado expediente -en el que se investiga a uniformados- siguiera haciéndolo.

Se trata del oficial subinspector Gabriel Ormeño, quien denunció amenazas del ex jefe de Operaciones de la Comisaría de Choele, César Cayumil, y que -luego de haber sido comisionado por la jueza en relación con la causa- fue trasladado por resolución del jefe Cufré a Bariloche.

Precisamente la negativa de Ormeño a hacer efectivo el traslado -invocando que de hacerlo incurriría en desobediencia judicial- motivó que Cufré le iniciara una "sumarísima", grave investigación que tiene como inmediato efecto la retención total del sueldo, que no percibe desde junio, y el congelamiento de los ascensos que le correspondan (Ver aparte).

En la resolución, la jueza también dispuso remitir un oficio a la Jefatura de Policía para que informe si se inició alguna actuación administrativa vinculada con los policías cabo Daniel Vivanco, oficiales principales César Cayumil y Edgardo Mesa y subscomisario Moisés Rodríguez y, si fue así, el estado de las mismas.

Vivanco fue quien atendió el teléfono ante el llamado de un proxeneta a la Comisaría Octava de Choele, en abril de 2007, que fue grabado por disposición de la jueza cipoleña que investigaba la desaparición de Otoño Uriarte.

De la conversación surgió un trato de confianza entre el cabo, y la presunta participación de oficiales de la policía en la tramitación de documentos apócrifos.

Trata, al fuero Federal

En la resolución que adoptó ayer, la jueza notificó de la existencia de la causa -un paso previo a una eventual imputación- a los ya nombrados Britos y Cayumil.

En cambio, sobre los propietarios de cabaret Horacio Justino y Rolando Borrego, así como sobre Roberto Seguí, María Noemí Dos Santos, Juan Carlos Zapata, Silvia Burgos y Nelson Burgos -quienes ya estaban relacionados con la causa- la jueza pidió al fiscal que exprese su dictamen sobre la competencia, en razón de que la ley 26.364 -de abril de este año- definió como atinentes al fuero Federal los delitos de trata de personas y su explotación sexual.

Bosco dispuso además remitir al fiscal a fin de iniciar una causa por separado contra Horacio Justino, las fojas vinculadas con su presunta participación en el delito de contagiar a conciencia una enfermedad venérea a otra persona, previsto en el artículo 202 del Código Penal.

Además, requirió también al fiscal Guillermo Bodrato que evalúe si autoridades municipales con poder de policía sobre los cabaret de la zona asumieron conductas reprochables penalmente.