NEUQUÉN (AN).- Los concejales neuquinos de todos los bloques acordaron ayer los términos de un proyecto de ordenanza a partir del cual intentarán atender la compleja problemática habitacional que afecta a esta ciudad.

La norma prevé direccionar fondos, crear un banco de tierras, regularizar y urbanizar los asentamientos consolidados de manera precaria.

Los ediles, paralelamente, determinaron que las regularizaciones y urbanizaciones de lotes tomados no alcanzarán a eventuales nuevas ocupaciones.

La iniciativa fue acordada al cabo de una extensa reunión de la comisión de Obras Públicas y se transformará en ordenanza el lunes cuando el proyecto se trate en una sesión especial a la cual convocó el presidente del Concejo Deliberante, Néstor Burgos.

Entre otras cosas, ayer se acordó que los recursos para llevar adelante la iniciativa surgirán del 50 por ciento de los fondos que reciba la municipalidad de Neuquén por la negociación de la prórroga de los contratos petroleros. Esta cifra no está definida pero si la provincia logra 300 millones de dólares, la municipalidad recibiría algo más de 50 millones de pesos por lo que serían 25 los que se destinarían con este objetivo. Este fondo se engrosará con el dinero que ingresará a la comuna proveniente de la venta de tierras fiscales.

El proyecto incluye, además, la creación un banco de tierras que determinará la disponibilidad de lotes de propiedad municipal o provincial; la conformación de un registro de ocupantes de tierras fiscales; y un registro de solicitantes único y público. De esa nómina, se determinó, se excluirá a las personas que posean inmuebles, permisos de ocupación o tenencias precarias.

Los ediles de la capital neuquina acordaron también la conformación de una Unidad Ejecutora que coordinará las acciones de este tema entre municipio y provincia. Este organismo estará integrado por cuatro representantes del Ejecutivo -que deberán ser designados por el intendente- y dos del Concejo Deliberante que deberán ser elegidos por la comisión de Obras Públicas, que es presidida por el edil Darío Martínez. Para esta unidad "se invitará" a participar a funcionarios del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS).

Los objetivos serán la planificación y otorgamiento de lotes con servicios básicos (luz y agua) y la regularización de asentamientos ya consolidados. De igual forma, se encargará de la fiscalización de las adjudicaciones y deberá elevar un informe trimestral de lo actuado al Concejo.

La Unidad Ejecutora tendrá la facultad de elevar a los ediles pedidos de flexibilización de las normas vigentes para la regularización de asentamientos.