La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) solicitó una pena de 25 años de prisión en cárcel común para ocho represores juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La APDH fue la primera de las querellas en exponer su alegato en la etapa final de este proceso considerado como histórico por las entidades defensoras de los derechos humanos.

El pedido de condena se basa en que "los acusados deben responder por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio y por lo tanto son imprescriptibles", explicó el abogado Juan Manuel Kees. Destacó la adhesión de la Argentina a la Convención contra el Genocidio pero lamentó que el delito no este tipificado en el Código Procesal Penal.

A los ocho represores los acusó de integrar una asociación ilícita, desaparición forzada de personas, aplicación de tormentos físicos y psíquicos, privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia, allanamientos ilegales y amenazas.

La condena pedida asciende a 25 años de prisión sin que se les conceda prisión domiciliaria contra el ex jefe del Batallón militar de Neuquén donde funcionó el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita", ex general Enrique Braulio Olea. También los ex jefes de inteligencia de esa unidad, Mario Alberto Gómez Arenas y del Comando de la Sexta Brigada, Oscar Reinhold. Además, pidió condenar al ex jefe de personal del comando, Luís Alberto Farías Barrera, el ex médico militar Hilarion de la Pas Sosa; los ex oficiales de inteligencia Jorge Molina Escurra y Adolfo San Martín y el ex suboficial de inteligencia Francisco Oviedo.

El abogado Bruno Bonetti tomó en cuenta en parte de su alegato aspectos resueltos en la condena a las juntas militares al señalar por ejemplo que "durante la última dictadura se aplicó un plan sistemático criminal dirigido a aniquilar a todos aquellos que fueran opositores al gobierno".

Destacó la lucha de los organismos de derechos humanos en los últimos 30 años y el papel que jugó el ya fallecido Obispo de Neuquén, Jaime Francisco De Nevares, la dirigente de la APDH, Noemí Labrune y el periodista Rodolfo Walsh quien en marzo de 1977 dio a conocer la "Carta Abierta" a la junta militar que le costó su secuestro y desaparición.

"El plan criminal se llevó adelante en todo el país con la misma metodología, secuestros, desapariciones, interrogatorios bajo tortura, eliminación física de prisioneros y centros clandestinos de detención", afirmó.  "En nuestra región ese infierno clandestino se llamó La Escuelita", afirmó Bonetti al señalar el centro clandestino que funcionó en el batallón militar por el que están imputados los 8 represores. La abogada María Suárez Amieva efectuó una pormenorizada descripción de los 17 casos investigados en este juicio, uno de los cuales corresponde a un joven estudiante que permanece detenido desaparecido.

El Fiscal General, Manuel de Reyes Balboa dijo a "Télam" que le "pareció interesante la exposición de los abogados de la querella de la APDH". "Fue un alegato convincente solo que la fiscalía en algunos puntos que no va a adelantar no coincide pero son aspectos menores que se van a poner en evidencia cuando demos a conocer nuestro alegato", precisó.

Mañana miércoles a partir de las 8,30 expondrán su alegato las abogadas del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Ivana Del Bianca y Domina Scmunck en la última audiencia prevista esta semana.

Fuente: Télam