NEUQUÉN (AN/ACE).- El histórico juicio en la región contra los militares que actuaron en la represión ilegal durante la dictadura militar llegó a la etapa de definiciones y hoy la querella de la APDH abrirá la etapa de los alegatos con el pedido de máxima sentencia.
Pero como los delitos de la desaparición forzada y el genocidio no están tipificados en el código penal, los fundamentos de los abogados serán cruciales para convencer al Tribunal Oral Federal sobre cual debería ser la sentencia para los ocho militares acusados de 17 secuestros ilegales, torturas y la desaparición de Oscar Ragni, entre las 17 víctimas.
Están imputados también de asociación ilícita para llevar a cabo los crímenes como parte de un "plan sistemático" y "en el marco" del genocidio.
Las diferentes partes acusadoras ya adelantaron que consideran que fueron probados en este juicio los crímenes de lesa humanidad cometidos.
Como ya lo adelantaron al inicio de las audiencias, políticamente la APDH pretende la reclusión perpetua de los acusados en cárcel común; aunque al no existir acusación por homicidio dentro de las denuncias presentadas, legalmente la pena máxima por los delitos imputados sería de 25 años.
Sin embargo, como se trata de un juicio inédito en la región y en el país por la cantidad de acusaciones en contra de cada uno de los ocho procesados, y la gravedad de los hechos endilgados, los abogados no adelantaron hasta ayer su posicionamiento sobre la pena que pedirán.
Hoy se conocerá el planteo legal del equipo de la APDH compuesto por Nerea Monte, Bruno Bonetti, María Suárez Amieva y Manuel Kees.
Mañana será el turno de la querella encarada por el grupo del Ceprodh, que durante todas las jornadas del juicio adelantaron que pedirán una condena por el delito de genocidio, (y no delitos cometidos "en el marco del genocidio") aunque la figura no exista en el código procesal penal.
El debate fue previsto a partir de las 8:30 hasta que finalice el alegato de la APDH. Se especuló que esta jornada y las próximas, podrían tener una duración promedio de cuatro a seis horas, luego de un juicio que se extendió durante tres meses.
"Se están juzgando hechos que ocurrieron hace más de 30 años. Se generó toda una estrategia clara y definida para lograr impunidad en ese momento y los años subsiguientes; pero hubo elementos aportados para definir el resultado condenatorio", recordó Bonetti cuando fue consultado durante las declaraciones de suboficiales militares que se mostraron reticentes a entregar datos.
La mayor prueba fue dada por los detalles coincidentes de los sobrevivientes del centro clandestino "La Escuelita" y sus familiares, además de los aportes en la etapa de instrucción judicial del fallecido fotógrafo de inteligencia Miguel Suñer, quien incriminó a la mayoría de los militares de inteligencia acusados en este juicio en la participación directa de los secuestros, torturas y desapariciones forzadas.
"La participación de todos los imputados está absolutamente probada y no caben dudas de ello", dijo otro de los querellantes, el abogado Gustavo Mazieres en las últimas rondas de testimonios en tanto la fiscalía general evaluó -también en la última semana de testigos- que se probó con certeza los hechos imputados a través de los testimonios de las víctimas.
