La prometida movilidad estudiantil, los sistemas de puntajes, la unificación de los sistemas de educación superior y los reclamados financiamientos al Estado y el sector privado para fines académicos y de investigación son metas aún no alcanzadas por universidades estatales de América Latina y el Caribe, entre ellas, las 39 argentinas.

Estos objetivos incumplidos fueron parte del debate que llevaron adelante funcionarios, rectores, vicerrectores y académicos de universidades públicas de América Latina y el Caribe que sesionaron en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU).

El encuentro se tomó como una preparatoria de la Cumbre Mundial de Educación Superior que, organizada por UNESCO, sesionará en el 2009 en París, Francia, e intentará profundizar algunas de las conclusiones y recomendaciones del encuentro que tuvo lugar en junio pasado en Cartagena, Colombia.

Allí, rectores y funcionarios argentinos junto a sus pares de otros países de la región suscribieron una declaración con una encendida defensa de la educación superior como “un bien público” y “un derecho social, universal y estratégico en los procesos de desarrollo sustentable de los países latinoamericanos y caribeños”.

Entre otros puntos hubo una fuerte preocupación debido a que los sistemas de ingreso irrestrictos permiten el acceso de un aluvión de estudiantes a la educación superior, pero un gran número de ellos, de un sector social nuevo de origen humilde, desertan en muchos casos por no estar preparados para enfrentar una nueva estructura de exigencias y saberes y, en algunos casos, por carencia de recursos para solventar los estudios.

En este caso en Jujuy, los participantes de la cumbre de rectores de la región instaron a “abordar la problemática regional desde una perspectiva integradora a fin de responder a las demandas económicas, sociales y culturales, jerarquizando la equidad, integración intercultural, construcción democrática y equilibrio internacional y desarrollar sustentablemente nuestro patrimonio cultural”.

Un párrafo especial de este foro en Argentina lo tuvieron los estudios de posgrado, en el que hicieron hincapié en la necesidad de “fundamentar los estudios de posgrado en líneas activas de investigación y creación intelectual con mirada regional que garanticen y promuevan profesionales altamente calificados y cualificados que contribuyan efectivamente a la generación, transformación y socialización del conocimiento”. Esta intención declarativa, junto al énfasis en fortalecer e incrementar las redes académicas nacionales y regionales, no significará otra cosa que, tal como dijeron los rectores, “un modo fundamental de combate frente al fenómeno de la emigración calificada o fuga de cerebros”. Este último flagelo continúa sin resolverse, teniendo en cuenta que para un becario o investigador trabajar desdeArgentina para una multinacional o hacerlo en un laboratorio o instituto del Primer Mundo significa una retribución salarial entre tres y cuatro veces superior.

Otro de los lineamientos a los que apuntarán los académicos será convocar y sensibilizar a los gobiernos de los países de la región acerca de la importancia de garantizar el financiamiento adecuado de las instituciones públicas de educación superior. También reclamarán al sector privado una mayor participación en el desarrollo de la educación superior, la ciencia y la innovación productiva, como parte de la hoy tan en boga “responsabilidad social empresaria”. Las universidades públicas hoy declaman que su papel ya no es el de impartir conocimiento e investigar con fines endógenos, es decir, hacia adentro de la comunidad, sino de socializar y compartir los saberes, adelantarse a predecir los problemas sociales y acercar las soluciones a través de sus profesionales.

Sin embargo, para algunos son fuentes de direccionamiento de recursos hacia la formación de profesionales independientes, de carreras tradicionales, de fomento de individualidades y a veces de poca pertinencia con la problemática del medio social. Para otros, es un nivel que en países donde aún no se logró la escolarización primaria completa y la obligatoriedad del secundario representa tal vez una inversión aún “suntuaria”.

(*) Periodista especializada en educación