LA PAZ (Télam/ AP) - El oficialismo y la oposición de Bolivia comenzaron ayer formalmente sus campañas por el sí y el no, respectivamente, para el referendo del 25 de enero próximo sobre la reforma constitucional consensuada en el Congreso tras una larga negociación, informó la prensa internacional.

Según la Corte Electoral, las campañas se prolongarán hasta el 22 de enero, tres días antes de la consulta en la que se dirimirá también entre 5.000 ó 10.000 hectáreas el límite de las propiedades agrícolas, reportó la agencia noticiosa italiana ANSA.

Aunque la campaña comenzó formalmente ayer el gobierno está en ese proceso desde que concertó en el Congreso algunos cambios al proyecto que aprobó en diciembre pasado la Asamblea Constituyente para conseguir apoyo de la oposición para convocar a la consulta.

El presidente Evo Morales encabeza la campaña oficialista desde el 21 de octubre, cuando convocó al referendo ante una multitudinaria concentración frente al palacio de gobierno. Desde entonces, Morales dio mayor énfasis a su política contra el gobierno estadounidense.

El gobierno boliviano suspendió el estado de sitio decretado tras disturbios violentos en Pando, una región amazónica al norte fronteriza con Brasil, pero reforzó la presencia de militares y policías, informó el ministro de Gobierno, Alfredo Rada. Sin embargo, el ex prefecto (gobernador) de esa departamento, Leopoldo Fernández, permanecerá detenido en un penal de La Paz a la espera de un juicio por la muerte de campesinos el mes pasado. El estado de excepción en Pando se prolongó por 72 días y fue levantado mediante decreto para facilitar el proceso electoral del referendo del 25 de enero, cuando los bolivianos acudirán a las urnas para aprobar o rechazar un proyecto de constitución.

La Corte Nacional Electoral había advertido que suspendería la consulta si el gobierno no levantaba la medida. ``Se levanta el estado de sitio desde las cero horas del domingo´´, dijo Rada poco antes que expirara la medida. El viernes, el vicepresidente Alvaro García anunció que 3.500 militares y otros 200 policías controlarán la seguridad interna para garantizar la paz en esa región.

De los 35 detenidos por el estado de sitio, 20 recobrarán su libertad y otros 15 fueron imputados por su supuesta intervención en los choques de setiembre, cuando murieron 19 personas según el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín. La mayoría eran campesinos leales a Morales, agregó. El estado de sitio fue decretado en setiembre, tras incidentes en los que supuestos funcionarios y seguidores del prefecto Fernández repelieron a disparos una caravana de campesinos oficialistas.