Los muchos que esperaban que, luego de hundir las retenciones móviles, los legisladores seguirían oponiéndose a los caprichos de un Poder Ejecutivo acostumbrado a tomar medidas sin consultar a nadie fuera de su pequeño círculo áulico, ya entenderán que sólo se trataba de una ilusión. Lo más llamativo del triunfo oficialista en el Senado del jueves último no fue que una mayoría holgada haya votado a favor de la pena capital para las AFJP sino que el resultado final fue fruto de un debate sumamente breve, como si sólo fuera cuestión de un asunto de importancia menor. Al tratar con tanta ligereza una propuesta oficial improvisada, cuyas repercusiones negativas se harán sentir por muchos años, los legisladores nos recordaron que, con escasas excepciones, sencillamente no están a la altura de sus responsabilidades. Lo entiendan o no, el país está deslizándose hacia una crisis económica de proporciones y ya debería serles evidente que la reforma jubilatoria que acaba de aprobarse ha reducido nuestra capacidad para enfrentar los muchos desafíos que nos aguardan.

La apropiación por el gobierno kirchnerista del dinero manejado por las AFJP, pero así y todo depositado en cuentas personalizadas, con el respaldo de una amplia mayoría legislativa, mostró, por si aún fuera necesario hacerlo, que en la Argentina la seguridad jurídica no es más que una consigna hueca. Aquí los derechos de propiedad valen poco. Como consecuencia, desde que el gobierno reveló lo que tenía en mente, se ha intensificado la huida de capitales impulsada por la desconfianza extrema. Pocos han olvidado los atropellos que fueron posibilitados por el corralito, de suerte que es lógico que muchos hayan reaccionado ante el zarpazo kirchnerista intentando poner sus ahorros fuera del alcance de un gobierno considerado rapaz e inescrupuloso. Así, pues, una medida que se presume que fue inspirada en la voluntad oficial de contar con el dinero necesario para alejar el espectro de un nuevo default de la deuda pública tuvo el efecto perverso de convencer a los operadores financieros de que las dificultades en tal sentido eran decididamente mayores que lo que antes suponían. Es por este motivo que el índice riesgo país se ha ubicado nuevamente entre los más altos del planeta. Y, como si los perjuicios así provocados no fueran más que suficientes, para desesperación de las pymes el impacto de la iniciativa oficial en el ya modesto mercado de capitales local ha sido devastador. Antes de optar los Kirchner por apoderarse del dinero de las AFJP, se preveía que, si bien la economía experimentaría una desaceleración debido a los defectos propios del "modelo" combinados con una tremenda crisis internacional, el producto nacional continuaría creciendo, pero el gobierno se las arregló para que el clima de optimismo moderado que a pesar de todo imperaba en el país se viera reemplazado por uno caracterizado por el pesimismo.

Se ha atribuido la hostilidad patente hacia las AFJP del grueso de los legisladores a sus prejuicios ideológicos, ya que a juicio de la mayoría de los peronistas, radicales, aristas y socialistas el sistema de reparto es intrínsecamente bueno mientras que el de capitalización es irremediablemente malo. Puede que en teoría sea así, pero en el mundo real en que viven quienes no disfrutan de regímenes jubilatorios tan privilegiados como los creados por los legisladores para defenderse de las vicisitudes económicas futuras, el sistema de reparto ha resultado ser un fracaso vergonzoso. En cuanto al ya difunto régimen de capitalización, sus deficiencias más notorias pueden imputarse no a las comisiones abultadas cobradas por quienes manejaban las AFJP que tanto escandalizaron a los legisladores sino a la intromisión brutal de una serie de gobiernos que las obligaron a comprar cantidades fenomenales de bonos oficiales. De más está decir que una consecuencia de la práctica así supuesta será que el eventual valor para el gobierno de las entidades reestatizadas sea muy inferior al previsto. Por cierto, no hay motivos para creer que sean suficientes como para compensar las pérdidas enormes que ya ha ocasionado una iniciativa que, se supone, fue destinada a mejorar las finanzas nacionales pero que ha resultado ser todo menos el negocio redondo que habrán imaginado el ex presidente Néstor Kirchner y su esposa cuando se les ocurrió concretarla.