ROCA (AR).- Frente a los reiterados reclamos por mejores condiciones edilicias y la incorporación de mayor personal que no fueron atendidos, los trabajadores del PAMI agrupados en ATE-CTA realizaron una asamblea donde determinaron llevar sus reclamos ante la Defensora del Pueblo de Río Negro y también dar curso a las autoridades municipales para que constaten en qué condiciones se encuentra el edificio donde se atiende a los jubilados en Roca.

Según informó Rodolfo Aguiar, delegado de PAMI, la asamblea realizada ayer en la sede, ubicada en Mitre y Belgrano, resolvió iniciar acciones "frente a la ausencia de decisiones institucionales tendientes a poner fin a los graves problemas edilicios y pésimas condiciones laborales", debido a instalaciones eléctricas antiguas y que no estuvieron pensadas para contener la alta demanda de energía que genera el funcionamiento de la Obra Social. Tal situación genera cortes de luz que entorpecen y ponen en riesgo todos los equipos informáticos; emanaciones de gas, que son advertidas por los beneficiarios que concurren diariamente a las oficinas y falta de salidas de emergencias que permitan un escape ante un siniestro.

Por estas razones, decidieron solicitar una inspección a la Municipalidad de Roca, a fin de que se evalúe la habilitación municipal del edificio, y otra a los Bomberos Voluntarios de la ciudad, para que den un informe sobre los graves riesgos a los que están expuestos beneficiarios y trabajadores. También se pedirá una inspección a la empresa Camuzzi para que "se expida sobre las permanentes pérdidas de gas en el edificio" y al Ministerio de Trabajo de la Nación con el fin de que certifique el estado actual de las condiciones de trabajo.

Además, en relación a la falta de personal administrativo y profesionales médicos "que afectan, por un lado el servicio brindado a los afiliados que no reciben las prestaciones en tiempo y forma, y por el otro impide que el PAMI pueda auditar y controlar los fondos que paga mensualmente a los distintos prestadores", se acordó hacer una presentación ante la Defensora del Pueblo, para que intervenga en la afectación de los derechos que sufren los jubilados y los empleados de la obra social, indicó Aguiar.

El delegado gremial también expuso que en el organismo, debido a la ausencia de algunos convenios prestacionales que la obra social debiera firmar con los especialistas del Alto Valle, "hoy los jubilados tienen que abonar estas prácticas de su propio bolsillo, para luego obtener un reintegro que la obra social pagará tarde y solo por un porcentaje de lo realmente abonado". Además, apuntaron, la falta de personal también impide el funcionamiento de otros programas.