VIEDMA (AV)- El Consejo de la Magistratura no sólo analizará la solicitud de la auditoría contra el juez penal Pedro Funes. También podría tratar en la reunión del jueves próximo el pedido de la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, de juicio político e investigación contra el mismo magistrado.

La defensora elevó la solicitud al Consejo de la Magistratura, fundamentando el accionar del juez en la causa de los alimentos preelaborados de Flavors, investigación que se inició a partir de la denuncia penal planteada por Piccinini.

Esta solicitud se suma a las graves críticas contra el juez Funes por su desempeño en esta investigación que no ha tenido el avance esperado, teniendo en cuenta la dimensión de esta causa si se meritúa que se trata de alimentos que durante años han consumido, en su mayoría niños de escuelas de toda la provincia y de hogares sin recursos donde esos preelaborados han sido el sustento familiar.

En esa misma línea el bloque justicialista pidió que sea auditado el trabajo realizado desde agosto pasado a la fecha sobre este tema.

A diferencia de otras, esta causa ha generado una repercusión especial en distintos sectores de la comunidad que esperan de la Justicia una respuesta en relación a su esclarecimiento y la aplicación de la ley al o los responsables que no dejan de serlo aunque no se haya detectado una afección grave a quien haya consumido estos alimentos irregulares la mayoría de ellos, según el informe del Instituto Nacional Alimentario.

La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, planteó además recusaciones contra legisladores radicales en el caso que el Consejo de la Magistratura sea conformado con sus integrantes originales que incluye a Daniel Sartor, Iván Lazzeri y Adrián Torres en su calidad de suplente.

Fundamentó este planteo en que los tres diputados mencionados emitieron opinión favorable a la empresa Flavors y a los productos que provea en reiteradas ocasiones y en diferentes medios de comunicación. Consideró que esa posición "resulta suficiente para poner un manto de duda respecto del accionar de cada uno que invalida la imparcialidad imprescindible para avanzar realmente en una cuestión sensible a los intereses de toda la ciudadanía rionegrina".

Piccinini agregó que los legisladores no sólo han opinado sobre la cuestión de fondo que se está sustanciando en esta causa penal.