SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La intención del municipio de derogar la adhesión a las restricciones urbanísticas impuestas por sobre la cota 900 despertó preocupación en sectores ambientalistas y en el equipo técnico que trabaja en la "caracterización de las áreas críticas y de conservación" del bosque cordillerano.

Las recomendaciones protectivas del estudio realizado por técnicos del Ciefap, la Fundación Bosques de la Patagonia, la Snap y el Servicio Forestal Andino podrían caer en letra muerta si el Municipio no las asimila al proceso de Planificación iniciado por la actual gestión.

Consultado por "Río Negro" el cuestionado delegado de Bosques, Germán Fritz, explicó que "si el municipio no hace propias las recomendaciones del estudio nosotros no podemos interferir en lo urbanístico, lo único que podemos regular es el bosque y el suelo".

El funcionario ponderó el proceso de ordenamiento territorial iniciado por la secretaria del Planeamiento, Fabiela Orlandi, y confió en alcanzar un entendimiento que facilite el trabajo conjunto cuando se aplaquen los cuestionamiento políticos generados por el emprendimiento Hilton. "Hablamos lo mismo en distintos idiomas, lo que nosotros hicimos fue ratificar la cota 900 hasta que se hagan los estudios de Impacto Ambiental, no hay una oposición al proyecto" aclaró.

No obstante se permitió disentir con el planteo de la potestad municipal absoluta en materia urbanística y sostuvo que "la planificación es un hecho participativo en el que no puede estar ausente la provincia. El municipio no tiene potestad sobre los recursos naturales porque el Estado provincial es el propietario original de los bosques" recordó Fritz, citando la Constitución.

La decisión del ministerio de la Producción de restringir loteos y construcciones en los bosques ubicados sobre la cota 900 fue una acertada medida de emergencia ante el desmedido avance inmobiliario que puso en riesgo ambientes tan frágiles como la ladera norte del cerro Otto. Antes de la firme decisión provincial, impuesta a mediados de 2006, la activa comercialización de los loteos Melipal II y III amenazaba por igual a ese frágil ecosistema y a los populosos barrios instalados ladera abajo. El riesgo fue señalado por un estudio del Servicio Geológico Minero Argentino que advirtió la posible ocurrencia de una "catástrofe peor a la de la barda del Ñireco" que en 2004 arrasó varias viviendas.

El resumen ejecutivo del estudio -girado al municipio, el DPA y Producción- señala la necesidad de "propiciar la articulación" de municipio, SFA, DPA, Splif y Defensa Civil para consensuar un "plan de ordenamiento territorial sobre el cerro Otto". En materia técnica destaca la necesidad de "evitar el fraccionamiento de parcelas grandes y la construcción por sobre la cota 900 m.s.n.m., especialmente en las áreas críticas y en sectores de pendientes pronunciadas".

Las observaciones realizadas por el delegado de Bosques generaron una virulencia inusual entre concejales y funcionarios que exhibieron mayor celo en la defensa de sus atribuciones y jurisdicciones que preocupación por el cuidado del deteriorado medio ambiente de la ciudad.