Austeridad, persistencia, estudio y humildad. Son cualidades personales de Miguel Saiz, pero todas diluidas a lo largo y ancho de su gobierno.
Cuidadoso, el gobernador se mide en sus gastos institucionales. Esa situación alcanza a su familia. Su señora viajó a Viedma en micro en ocasión de la asunción del segundo mandato, una anécdota curiosa frente a dispendios de otros gobiernos. Saiz sí exagera en erogaciones que responden a su pasión. El automovilismo lo es, de modo que no reparó, aquella vez, en autorizar la compra de un vehículo Audi A6 y una Toyota Hilux.
Ser un ávido y ágil lector lo convierte en un estudioso y entendido en los temas que lo movilizan y apasionan. Se concentra hoy en el Código Alimentario Argentino.
Protege las históricas relaciones y costumbres. Desproporciona el lugar público que otorga a los íntimos. "No voy a dejar nada de lo que hacía porque sea gobernador", priorizó en el 2003. Resguarda esos placeres -como las charlas de café y de fútbol- entre sus mejores tesoros personales.
Algunas de sus cualidades alentaron a suponer que el gobierno de Saiz sería diferente. No fue así. Poco de lo suyo se impuso en la gestión. Lo peor es que algunas se disolvieron en la estructura estatal.
Tiene intentos de austeridad. Media docena de funcionarios del Ejecutivo se quedó en Río Negro porque Saiz rechazó una dotación importante del Ejecutivo en el viaje oficial a Sudáfrica, que integran el vicegobernador Bautista Mendioroz, tres legisladores y empresarios. Sólo habilitó al ministro Juan Accatino y a un funcionario de Fruticultura. "Lo paga el CFI", le advirtió un técnico. "No importa, para la gente es igual", sentenció.
Una postura esporádica. El mismo Estado multiplica muchos otros hechos con peores costos y cajas recaudatorias. Siguen las que estaban y se propagan nuevas, entre innumerables sospechas.
La política trasladó esa preocupación a la Justicia. Esta semana se evaluará cuál fue el accionar del juez Pedro Funes en la investigación penal por los alimentos preelaborados. Momento difícil para el magistrado. No podrá explicar muchas omisiones en el expediente. El análisis del Consejo de la Magistratura -que se iniciará el jueves- inquietará su cargo judicial.
Avanza el sumario en la Legislatura, pero la defensora del Pueblo, Ana Piccinini llegará -tarde o temprano- a la Justicia con su denuncia patrimonial contra Daniel Sartor.
El juicio de la Lotería por coimas abonadas en el gobierno de Pablo Verani llega a su fin. Esta semana serán los alegatos y la sentencia emergerá en la primera quincena de diciembre. Esta exploración es un logro aislado de la Justicia, siempre escrupulosa en hurgar en las culpas del poder.
Aun a su pensar, Saiz privilegió y protegió la continuidad. Esa conducta irradió un mensaje de tolerancia y los resultados de autonomía se extienden. Los controles reales son inexistentes.
Hay casos neurálgicos. Tamara Pérez Balda es una referente directa del gobernador. La secretaria de Hidrocarburos presentó recién ahora su declaración jurada de bienes al Tribunal de Cuentas. Su cartera maneja y controla millonarios contratos petroleros. Su informe trascendió, con quejas de la funcionaria porque Producción no la alertó del incumplimiento y la intimación del Tribunal, ya demorada. La lista patrimonial consignaría un departamento en Mar del Plata, una chacra en el Idevi, un lote en El Cóndor, un vehículo 2006 y dos depósitos. Ambos serían de 100.000 dólares, con cuentas en los bancos Patagonia y Río.
Otra dimensión. El gobernador sigue estudiando y compenetrado en las particularidades de los alimentos preelaborados. Ya llegó hasta la ministra de Salud, Graciela Ocaña, preocupado por los análisis alimentarios, los cuales sellaron la suerte de la empresa Flavors. Los técnicos del Inal-ANMAT expresaron su sorpresa por la sólida preparación del mandatario en la materia.
Continúa obsesionado en esa causa perdida: busca demostrar que los alimentos no eran perjudiciales para la salud.
No existirá un gobierno real que se haga cargo de los problemas mientras su conductor siga sumergido en conflictos sin destino.
Un extravío que se acentúa frente a la aislada predisposición de Saiz a otras preocupaciones gubernamentales. Prefiere -muchas veces- motivaciones más mundanas y particulares.
La frontera entre responsabilidad institucional y marcha personal acumula innumerables debates. Aparecen límites como partícipes o detractores.
En pleno juicio de la Lotería, Miguel Irigoyen se esforzaba por explicar lo inexplicable: justificar que un depósito en su cuenta bancaria del concesionario de juego Carlos Ferrari respondía a un préstamo suyo. Irigoyen insistía en que él es así en su vida. Ya el camarista Eduardo Giménez confrontó esa actitud solidaria (préstamo) con la que correspondería a un funcionario que debía controlar a ese privado.
Irigoyen insistió en su estilo. "Yo soy así. Hoy le presté plata a mi vecina. No me entra -ofuscado- que tenga que cambiar por la función pública".
Lapidaria fue la interrupción de la presidenta del tribunal, Susana Milicich: "Usted argumenta con conductas privadas pero está aquí por su acción pública, que tiene determinados imperativos, algunos determinados por la ética".
Esas divisorias quedaron diluidas en el oficialismo con la perpetuidad en el poder. Para muchos es lo mismo lo público que lo privado. Esa confusión puede transformar el Estado en un bien propio o priorizar razones personales sobre las primacías generales.
Esta particularidad está adherida a la realidad estatal de Río Negro y se manifiesta hoy con mayor énfasis por el complejo presente del gobierno de Saiz, caracterizado por prácticas individuales.
Pocos sucesos expresan tan crudamente esa dispersión oficial como el 82% móvil para la Justicia. Acertado o no, el gobierno trabajó durante un año para firmar un acuerdo con la Anses por ese beneficio provisional para funcionarios y jueces de la Justicia. Lo consiguió, pero ya pasaron 16 meses sin su aplicación porque el gobernador aún no transmitió plena convicción a sus legisladores para ese otorgamiento jubilatorio. Así, el proyecto de ratificación está empantanado en la Legislatura, usando argumentos exóticos para el oficialismo: los planteos de sectores opositores. El martes pasado Saiz recibió al juez Luis Lutz, próximo presidente del STJ. Hablaron del presupuesto 2009, pero también se incursionó en el frustrado 82%. Fue entonces cuando el gobernador se mostró más propenso a impulsar su tratamiento legislativo.
Imprecisa en su dimensión, la carencia financiera del Estado del año próximo es la nueva vacilación. En Hacienda hay manifiesta inquietud por los plazos de los pagos de los salarios públicos -incluidos el aguinaldo- entre diciembre y marzo. Meses inquietantes a la espera del tradicional convenio con Nación de ayuda a Río Negro para sus compromisos de deuda.
Problemas no faltan. La reacción no llega. Tal vez sólo el poder que retiene ofrece apariencias de un oficialismo que ya no existe.
Ninguna organización política tolera una evaluación permanente de la fortaleza o debilidad de su conductor.
Saiz persiste en ejercicios y cualidades personales, pero de cara a un gobierno propio, cada vez más ignoto y desconcertante.
Adrían Pecollo
pecollowa@yahoo.com.ar
