BUENOS AIRES (DyN/AP) - La Justicia intervino ayer Aerolíneas Argentinas y Austral, controladas por el grupo español Marsans, para garantizar la continuidad de sus operaciones, en medio de tensas negociaciones para restatizar las líneas aéreas.

El mismo fallo determinó mantener la conformación del directorio actual y se ratificó a Julio Alak, representante del gobierno argentino, como gerente general de las compañías, lo que permitirá al gobierno seguir manejando la compañía hasta su eventual expropiación, en momentos en que Marsans parece cada vez más cerca de recurrir a la Justicia internacional por el caso.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari dispuso la intervención de las compañías por pedido del gobierno, con el objetivo de garantizar un servicio aéreo "adecuado y sin interrupciones".

El veedor designado es el contador José Luis Perrone, quien tendrá tres días para asumir el cargo, pero "no interferirá en la decisión de fondo que es la continuidad de la prestación del servicio público", indicó el secretario de Trasporte Ricardo Jaime.

La Justicia en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a una medida cautelar gestionada por el Ministerio de Planificación Federal y designó a un Interventor Judicial Veedor e Informante con facultades "de acceso a la totalidad de la actividad" de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas.

El gobierno pidió la intervención judicial al acusar al grupo español de "propiciar medidas que tienden a desestabilizar el funcionamiento de la empresa", como impedir al Estado la capitalización de sus aportes y pretender equiparar al cargo de Alak el de Jorge Molina, subgerente general por Marsans, precisó Jaime. "Hago así como una administración paralela, que podría afectar la operatividad de las compañías", señaló.

En dicha Asamblea, agregó Jaime, "se impidió al Estado capitalizar los montos que ha venido desembolsando en la Sociedad", que cuantificó en 770 millones de pesos. "La empresa esta en estado de disolución y el Estado propuso capitalizarla para evitarla", refirió el secretario.

Jaime se hizo presente ayer en la sede central de la empresa, donde se reunió con Alak y el representante de los empleados en el Directorio (a través del PPP) a quienes notificó de la decisión judicial. En el lugar no se encontraba ningún director representante del accionista mayoritario Interinvest, controlado por el grupo español Marsans.

Jaime puntualizó que la semana próxima se insistirá en la necesidad de que el Estado capitalice sus aportes en el Grupo Aerolíneas y que, mientras tanto "están totalmente garantizados los servicios de ambas compañías". Una comisión bicameral recomendó el miércoles al Congreso debatir una ley para expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral. El trámite parlamentario se iniciará la semana próxima y fuentes legislativas no dudan de que saldrá aprobado por la mayoría oficialista en las Cámaras. El gobierno y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar la reestatización de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes. A juicio del Estado, la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que no debería pagar nada, mientras que para Marsans vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse. Marsans reclama un tercer tasador pero el gobierno se negó.