La Argentina transita por estas horas uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos. Una ola de locura colectiva parece haber atravesado el país y haberse apoderado de la dirigencia política, la cual parece haber perdido el rumbo y optado por decisiones que generarán serios perjuicios para la población.
En las últimas horas, la administración Kirchner ha dado un paso decisivo en su proyecto suicida y está llevando a toda la Nación hacia ese infierno.
La ley de estatización de los aportes previsionales privados no sólo destruyó el ahorro en la Argentina sino que apunta a alimentar una política de despilfarro.
Esta ley pone de rodillas a millones de habitantes que buscaron resguardar parte de sus ingresos para utilizarlos en su etapa pasiva. Mediante la inversión de esos fondos se buscaban dos objetivos: primero, asegurarse un mejor bienestar y segundo, no ser una carga para los hijos.
Nadie escuchó a las personas que hace menos de un año optaron por permanecer en el sistema de capitalización. Nadie respetó sus derechos. Los legisladores, supuestos representantes de los habitantes de este país, no escucharon sus reclamos y optaron por citar a exponer a personas que tienen intereses encontrados con los derechos de los afiliados al sistema. En otras palabras, la democracia representativa fracasó una vez más y fue reemplazada por la autocracia partidaria.
Pero este proyecto genera efectos colaterales más graves. El ahorro desaparece y con él, la inversión. El manejo de los recursos por parte de la Anses convierte a este organismo en el principal agente del sistema financiero. La Anses pasa a manejar mayores fondos que los bancos que integran el sistema sin estar sujeta a las previsiones, normas y encajes que sí deben cumplir aquéllos, lo que genera una competencia desleal en el sistema financiero.
Otro de los efectos que provoca esta ley junto con la movilidad de los haberes es la alta litigiosidad, que derivará en multimillonarias demandas judiciales.
Tampoco sirve para solucionar el crónico problema fiscal que arrastra la administración Kirchner ni los vencimientos de la deuda pública. Y, por último, agrava en el tiempo los problemas de caja, al poner en cabeza del Estado la atención de las obligaciones previsionales de millones de personas.
Contrariamente a lo que se está haciendo en el mundo para enfrentar la crisis -los estados ayudan a los privados-, en la Argentina el sector privado acude en ayuda del Estado para evitar otra quiebra.
Mientras tanto, la dirigencia política argentina, en un estado de alienación, aumenta la vulnerabilidad de todos los habitantes del país y continúa incrementando los problemas. Ahora, en un acto de pseudosoberanía, apunta a expropiar Aerolíneas Argentinas, lo que implica hacerse cargo de un abultado pasivo y de un déficit operativo de 500 millones de dólares anuales y la amenaza de una demanda en los tribunales internacionales por otros 1.000 millones de dólares. ¿Qué sentido tiene todo esto?
Pero el brote psicótico de la dirigencia no tiene límite y, en medio de una caída abrupta de los términos de intercambio, de un aumento del déficit de cuenta corriente, de despidos y suspensiones, los gobernadores han comenzado una "cruzada" de aumentos de impuestos que seguramente derivará en resultados aún más negativos para el conjunto de la actividad económica.
Confiscación de ahorros, expropiación de empresas, deterioro de los términos de intercambio e impuestazos por doquier conforman un cóctel explosivo que se traduce en menor riqueza para la población. Una devaluación silente.
MIGUEL ANGEL ROUCO
(*) Periodista económico de la agencia DyN
