SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- En un nuevo fallo que no está firme porque fue apelado por los procesados ante el Superior Tribunal de Justicia, la Cámara Segunda del Crimen confirmó el procesamiento que había dictado el juez Martín Lozada en contra de varios policías, por presunta estafa a otros compañeros que proyectaron un fallido plan de viviendas.
Hace casi un año el juez Lozada les atribuyó a los procesados el delito de "estafa por abuso de confianza", que habrían cometido en perjuicio de un centenar de compañeros de armas, y ahora, en fallo suscripto por los jueces Miguel Ángel Lara y César Lanfranchi, la Cámara Segunda confirma el procesamiento por los mismos motivos.
Los procesados son los comisarios generales Mario Daniel Capra y Jorge Galera, el comisario mayor Mario César Aciar, el comisario inspector Julio César Hernández, los comisarios Daniel Navarro y José Armando Chávez, y los suboficiales Luis Jimenez y María Angélica Boi, todos en situación de retiro.
La causa se inició con la denuncia de los policías retirados Elbio Daniel Martínez y Julio César Paz, quienes indicaron que en 1986 se constituyeron las asociaciones civiles "Dina Huapi A" y "Dina Huapi B", cada una integrada por 50 miembros de la Policía rionegrina, en actividad o retirados, con el objetivo de construir un número igual de viviendas, bajo el régimen de propiedad horizontal. Esas viviendas iban a emplazarse en la localidad de Dina Huapi, sobre un terreno de casi cinco hectáreas que en octubre de 1988 les había vendido el Gobierno provincial, en condominio y por partes iguales a los dos consorcios, en el marco de una operatoria del Banco Hipotecario Nacional que luego fue suspendida. Diez años después la Comisión de Fomento de Dina Huapi intimó a los consorcios al pago de una deuda por tasas de 7.500 pesos, y trabó embargo sobre los terrenos, hasta que en marzo de 2002 se realizó un acuerdo entre los consorcistas y la Comisión de Fomento, donde reconocieron la deuda de algo más de 20 mil pesos, con intereses y tasas por vencer hasta junio de 2003.
Por esa deuda entregaron aproximadamente 37.000 metros cuadrados a la Comisión de Fomento, y los casi 10 mil metros restantes se los repartieron entre los ocho procesados, y el abogado Miguel Reto recibió un lote de 1.100 metros cuadrados en concepto de honorarios.
Los denunciantes dijeron que los procesados se reunieron en asamblea de modo furtivo y a espaldas del resto de los consorcistas, para constituirse en autoridades de los consorcios y, al día siguiente, en el marco de una segunda asamblea, repartieron el remanente de terreno en provecho propio.
Lozada consideró que los imputados llevaron a cabo una maniobra defraudatoria con el afán de disponer de los inmuebles y obtener un provecho personal en franco perjuicio patrimonial para los restantes miembros de los consorcios. Ahora, la Cámara entiende que "dispusieron de un bien del condominio al que pertenecían otras 92 personas", que montaron pseudo asambleas "para legitimar el despojo", que se designaron autoridades a sí mismos.
