BRASILIA.- Brasil llamó a consultas a su embajador en Ecuador para discutir la decisión del país andino de suspender los pagos de un préstamo del banco de desarrollo brasileño.
Las disputas sobre el préstamo, que asciende a 320 millones de dólares, están minando las relaciones entre ambos países, aliados, ya que la crisis económica está provocando la caída del precio del petróleo, una de las claves de las dos economías.
El préstamo fue concedido por el organismo de fomento para financiar la construcción de la central hidroeléctrica de San Francisco, realizada por la empresa brasileña Odebrecht, expulsada de Ecuador por Correa, que la acusa de ser responsable de irregularidades en las obras de la planta, que estuvo sin funcionar por 130 días este año.
En setiembre pasado, el canciller brasileño, Celso Amorim, había descartado tajantemente la posibilidad de que problemas de ese tipo pudieran llevar el gobierno de Quito a dejar de honrar la deuda con el BNDES que, según cálculos que circulan en Brasilia, ascendería hoy a unos 400 millones de dólares, considerados los intereses. El gobierno ecuatoriano alega que los términos del préstamo del banco nacional brasileño son ilegales.
Duro discurso de Correa
La crisis mundial asusta a los grandes y envalentona a los chicos: Ecuador, socio de la OPEP, anunció su intención de no pagar, "por ilegítima", un 30% de su deuda externa, cuando la renta petrolera decae y necesita dinero para aceitar su robustecida máquina estatal. El presidente Correa dio forma a una de las viejas aspiraciones de la izquierda: ajustar cuentas con los acreedores que con "malas artes, mentiras, títulos espurios y chantaje", endeudaron al país durante los últimos 30 años con la complicidad de los sucesivos gobiernos.
Apoyado en una auditoría, Correa dijo que "buscará no pagar" la deuda "ilegal, ilegítima y corrupta" enfocándose en principio en la comercial, que equivale a 30% del total del pasivo de 10.600 millones de dólares (20,6% del PBI.
Dicho crédito está representado en los llamados bonos Global con vencimiento en 2012, 2015 y 2030, que sustituyeron a los Brady durante la renegociación de deuda a la que se vio obligado el país por la quiebra del sistema financiero en 1999.
Antes de recibir públicamente la investigación que halló un sinnúmero de irregularidades en el endeudamiento, Correa se acogió a una mora técnica de 30 días para suspender el pago de 30,6 millones de dólares correspondientes a los intereses de los Global 2012. La medida impactó severamente el precio de los títulos ecuatorianos, que se negocian en su valor más bajo desde su emisión, comprometiendo el acceso al crédito. (DPA y AFP)
