VIEDMA (AV).- Los tiempos de forcejeos entre la policía y manifestantes sindicales parecen haber vuelto a la capital provincial. Al menos ayer, lo que comenzó como una concentración pacífica en Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno, se convirtió en pocos minutos en una violenta trifulca en la que no faltaron empujones, roturas de vidrios e insultos en la puerta de la sede del Ipross y del Ministerio de Educación.

Los encontronazos comenzaron pasadas las 13.20 cuando los cerca de 150 trabajadores nucleados en la CTA, afiliados a la Unter, Sitrajur y ATE, llegaron a la puerta de la sede de la obra social y pretendieron entregar un petitorio con 3.500 firmas a sus máximas autoridades. La nota daba cuenta de la intención de los gremios de democratizar la elección de los vocales mediante el voto directo de los afiliados.

La negativa a recibirles el escrito por parte del presidente Alcides Pinazo provocó que los ánimos se enardecieran, por lo que los trabajadores empezaron a empujar el cordón policial contra el ingreso. Luego pasaron por un portón lateral y golpearon otra puerta también cerrada por dentro, empujando a los pocos efectivos que custodiaban ese lugar, entre los que estaba el Jefe de la Unidad Regional 1°, Leonardo Riveros. Una empleada de carrera recibió finalmente el escrito bajo una lluvia de insultos.

Luego, el grupo se trasladó hasta el edificio de Educación situado a apenas 20 metros. Allí la violencia fue mayor, ya que la Policía informó a los dirigentes que no había funcionarios en el interior. Esto alteró aún más la situación, hubo vidrios rotos, empujones y momentos de extrema tensión. Especialmente porque los efectivos en varias ocasiones se vieron desbordados y la mayoría de ellos llevaba armas de fuego, lo que también generó la protesta airada de los manifestantes.

Además del reclamo de democratización del Ipross, los trabajadores pidieron la urgente recomposición salarial para todos los estatales de la provincia y la derogación de las Resoluciones 1.127 y 1.586/08 del Consejo Provincial de Educación, relacionadas con la movilidad y con la inscripción de docentes fuera de Junta.

El reclamo mayor, no obstante, fue durante la concentración y a lo largo de toda la marcha, la renuncia de los ministros de Salud y Familia, Cristina Uría y Alfredo Pega -a los que califican como "responsables directos de la operación Flavors que atentó contra los sectores más vulnerables de la provincia".

Hubo duros cuestionamientos al gobierno provincial de Miguel Saiz por parte de los dirigentes gremiales, que al final de la movilización y de los disturbios promovieron la desconcentración en tranquilidad, aunque advirtiendo que estas acciones de protesta podrán profundizarse si las máximas autoridades provinciales no ofrecen respuestas a sus pedidos. "No es la última vez que los trabajadores vamos a venir a buscar respuestas", dijeron.