Educación llamó a la "reflexión" al gremio docente por la "manifestación violenta" y acciones "desmesuradas" frente al ministerio por dos resoluciones del CPE, de las cuales, "una de ella se está revisando".

Esta posición gubernamental correspondió a la subsecretaria Andrea Novillo Pinto, que reivindicó "ámbitos de diálogo y respeto. Una cosa es cantar y ofender. Otra es romper edificios públicos y amenazar", resaltó.

La funcionaria habló de sorpresa por la manifestación y "destrozos al edificio", que derivó en "pánico de funcionarios y empleados". Habló de "una reacción desmesurada" por dos normas, las cuales, se ocupan de "aspirantes" a la docencia y "no modifican la vida institucional y escolar".

Novillo insistió en que una de las resoluciones cuestionadas "se está revisando".

Después, el vocal gubernamental del CPE, Adrián Sartor, explicó que se modificará la norma 1.127 que, cerrado el plazo ya "no deja inscribir a la docencia en las supervisiones. Se estableció por los títulos no legales que se recibían. Se planteará ahora una inscripción, pero en las juntas de clasificaciones". Insistió en la defensa de los docentes formados en Río Negro. Recordó que la otra resolución (N°1586) "otorga prioridad a los docentes de la localidad para tomar cargos, que corresponde a un pedido de los docentes porque vienen de otra ciudad y ocupan cargos interinatos y suplencias".

En otra parte, la subsecretaria -acompañada por Sartor y el asesor legal, Jorge Palma- insistió en "la desmesura", mientras expresó que ningún funcionario salió a recibir el petitorio gremial por recomendación de seguridad y porque en ocasiones anteriores ya se se había recibido el mismo reclamo por las resoluciones.

¿Y las precisiones de los comedores?, se lo consultó. "Ya nos reunimos con los intendentes y hoy tuvimos reuniones con referentes municipales por los menúes y los esquemas. Ya nos vamos a reunir con el gremio. Ellos pudieron venir a Educación antes de reunirse con los intendentes del PJ. También es cierto que en este clima no es saludable", expresó Novillo.

Por su parte, Palma adelantó que Educación tiene la "obligación" de constituir una denuncia penal "por los daños a los bienes públicos", como también, por "amenazas". (AV)