ROCA (AR) .- El sorteo de la primera opción elegida para el ingreso a primer grado en 8 escuelas de Roca, finalizó ayer con una tensa discusión entre padres por supuestos falseamientos en los domicilios, en la que no faltaron los insultos. Sólo la mitad de los que asistieron consiguieron un lugar, por lo que las quejas apuntaron a la falta de establecimientos educativos y al mecanismo utilizado por la supervisión para verificar la información declarada.
La actividad arrancó a las 14 en el Salón de Usos Múltiples de la escuela Nº 42, y se extendió hasta las 16. La modalidad utilizada fue el sorteo presencial, controlado por el abogado local del Consejo Provincial de Educación (CPE), Yamil Jalil, por lo que hubo muchos niños que perdieron su lugar al no estar sus padres presentes.
Se sortearon más de 100 vacantes, para casi 200 chicos, de los colegios 32, 42, 95, 128, 133, 168, 260 y 357. Los que quedaron afuera tendrán una posibilidad en el sorteo de la segunda opción a realizarse mañana a las 10 en el mismo lugar.
El trámite se desarrolló con normalidad hasta que llegó el turno de la escuela Nº 133. En ese establecimiento un grupo de padres había presentado numerosas impugnaciones, en las que afirmaban haber constatado que se habían alterado las direcciones. "De 14 casos que impugné, hay 13 en la lista", vociferó Pablo Iglesias, uno de los papás. Una acalorada discusión interrumpió el sorteo y se alzaron las voces de varias madres pidiendo explicaciones, y un padre llegó a agredir verbalmente a otro por haber nombrado su apellido, "sin saber cuál es mi situación", aseguró.
Iglesias fue uno de los que recorrió por su propia cuenta las casas sospechadas de irregularidades y presentó cerca de 30 alteraciones a la autoridad local. Ante más de 60 padres demostró su indignación y exigió a las autoridades presentes que los que "mintieron digan en frente de todos que viven donde dicen vivir, basta de papeles, que reciban una condena social".
A todo esto la supervisora del Nivel Primario, Patricia Salgado, contestó que "nosotros no podemos ejercer la función de policía". Explicó que que hicieron las modificaciones en el listado hasta donde pudieron comprobar y que hubo casos en los que los padres hicieron su descargo y presentaron documentación que acreditaba el domicilio declarado. "Las denuncias de otros papás se analizaron una por una, algunas se rectificaron y otras no. Ante la duda los abogados del CPE nos dijeron que no podemos impugnar", prosiguió Salgado.
El llanto de algunas madres al escuchar que su hijo o hija no había quedado en la escuela escogida demostró la preocupación por conseguir un "lugar digno" para su educación. "Sabemos que hay colegios que son una porquería", sentenció Carmelo Scala, otro familiar. La conclusión fue la notoria falta de edificios educativos.
