MADRID.- Cuando el juez Baltasar Garzón abrió hace un mes una histórica causa penal por la represión de la dictadura franquista, muchos juristas advirtieron que si bien se trataba de una iniciativa quizás necesaria, ésa era una batalla perdida, al menos legalmente.
Acosado por la fiscalía, contraria en todo momento a la pretensión de sentar de forma póstuma en el banquillo al régimen del general Francisco Franco (1939-1975), y enfrentado a duras críticas de la derecha, que lo tacha de "megalómano", el magistrado finalmente tuvo que dar ayer marcha atrás.
En una resolución de 152 páginas, Garzón decidió abandonar su investigación e inhibirse en favor de los juzgados de las provincias donde la represión franquista dejó según su recuento más de 100.000 desaparecidos que todavía hoy yacen en anónimas fosas comunes y que según su criterio fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad.
A su vez, admite que no hay responsables a quienes perseguir, ya que Franco y otros 44 ex altos mandos ya están muertos, un punto por el que Garzón había sido objeto de burla, ya que incluso pidió las actas de defunción del "caudillo", fallecido en 1975.
Con la decisión de ayer, el juez evita una sonora derrota ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal al que pertenece y que próximamente debía decidir si Garzón era o no competente para llevar adelante su investigación, recurrida por el que fuera uno de sus amigos, el fiscal jefe Javier Zaragoza.
Después de que hace dos semanas la Sala decidiese, a instancias de la fiscalía, paralizar la exhumación de 25 fosas comunes ya ordenada por el magistrado, esa derrota parecía cantada. Pero, como era de esperar, Garzón no tira la toalla sin dar guerra.
Así, en el auto insiste en que los delitos "permanecen" . Al contrario, ratifica "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales". (DPA)
