El Estado es una organización compleja. Sus muy diversas dependencias abarcan prácticamente todas las áreas del interés humano. Y las acciones encomendadas a los dirigentes que cumplen funciones de jerarquía en él responden a esa misma complejidad, al combinar aspectos técnicos con otros políticos. Esto, a su vez, pone en juego las distintas facetas de una personalidad, en su doble dimensión individual y social.

Gobernar -de esto hablamos- consiste entonces en un universo de acciones, decisiones y opiniones que deben tender al equilibrio en el manejo de conflictos, proyectos y recursos.

Se parte del caos y del hoy. Se tiende a la armonía y a la realización de mejoras futuras. Para esto, se impone establecer un orden de prioridades que haga posible que lo urgente no relegue lo importante, y que ambos dejen espacio para imaginar el futuro, teniendo como meta el bien común.

Eso es la teoría.

Ahora bien, el gobierno que Miguel Saiz conduce desde hace cinco años en Río Negro no muestra su "hoja de ruta", es decir la lógica según la cual ordena su orden de prioridades.

Y lo que puede deducirse de las acciones, decisiones y opiniones de sus integrantes dista bastante de integrar un corpus compatible con la búsqueda del bien común. Salvo que por tal se entienda la suerte del propio equipo de gestión.

Es sabido que en épocas de carestía es cuando más evidentes se vuelven los desequilibrios en la asignación de recursos, que es el modo en que se traduce en la práctica la prioridad que un gobierno otorga a cada sector dentro del conjunto del complejo universo del Estado. Y, tras un desaprovechado verano de las cuentas públicas, la crisis muestra su cara:

-El hospital de Bariloche acaba de suspender las cirugías programadas, porque no puede garantizar un rango técnicamente aceptable de riesgo por falta de material descartable, ausencia de medicamentos, por el desaliento de su personal por bajos salarios y la fatiga derivada de la sobrecarga laboral. Las mucamas acaban de revelar que desde hace 20 años realizan tareas que corresponden al personal de enfermería y, no sólo no perciben remuneración acorde, sino que temen quedar desamparadas ante complicaciones en la salud de los pacientes.

La problemática no es nueva. El colapso del viejo edificio derivó en que, hace años, se resolviera la construcción de una nueva ala que -inaugurada para las fotos- está vacía y espera ser habilitada. Pero, esté donde esté, es impensable que puedan atenderse las necesidades de una población creciente si se le envían cada mes 150.000 pesos menos de lo que se previó el año pasado en el Presupuesto.

-En el hospital de Viedma, el defensor del Pueblo adjunto, Ignacio Gandolfi, acaba de señalar que el pobrísimo sistema de turnos que sufren 9.000 personas cada mes consiste en un programa "casero" armado por un empleado en 1995 -¡¡hace 13 años!!- en dos viejas computadoras, que funciona en DOS.

-Algo similar sucede en el Ipross, que no tiene una base de datos que le permita brindar un servicio ágil a sus afiliados, prevenir abusos y generar un sistema de estadística que oriente la toma de decisiones para evitar que lleguen tarde y mal.

La cuestión no puede ser interpretada como casual.

Hasta en las escuelas, afortunadamente, los chicos aprenden a usar computadoras, y la vida cotidiana está hoy tan completamente atravesada por la informática que resulta increíble que el Estado rionegrino no posea un programa unificado para que los establecimientos que de él dependen puedan asignar turnos y almacenar historias clínicas de las personas que atienden, e incluso de comunicarse a través de internet.

-Y si la salud debería ser una prioridad, en igual posición deberían encontrarse los niños que, por razones económicas o de riesgo físico o moral, están bajo la custodia del Estado. Las carencias del hogar Alfonsina Storni de Roca y los graves situaciones denunciadas en los CAINA de Viedma y Sierra Grande resultan hechos insoportables para toda persona que pretenda vivir en paz con su conciencia.

En base a éstos y otros ejemplos, resulta evidente que la prioridad del gobierno está lejos de estos temas.

Sólo así se entiende que las preocupaciones del gobernador Saiz oscilen entre la interna de la UCR y la irritación que le produce la actividad que despliega la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, en cumplimiento de sus funciones. Y que haya pretendido reducir el "caso Flavors" a un desacuerdo personal, o a un desfase técnico sobre los cristales hallados en la leche, sin considerar el tremendo escándalo de revelaciones sobre insolvencia técnica y financiera, tratamiento preferencial e incumplimiento impositivo y laboral de una contratista beneficiada en forma irregular por al menos cinco áreas de su gestión.

Pero, lejos de tomar el caso con seriedad, hasta el momento se advierte que varias instancias de los tres poderes han adoptado sobre la cuestión una actitud diluyente.

-El Poder Legislativo recibió el pedido de investigar si el legislador Daniel Sartor incurre en enriquecimiento injustificado. Ante eso: encargó un sumario a una persona no exenta de vinculación con el poder político y con un plazo que llevará las cosas hasta más allá del verano.

-El Poder Judicial recibió el pedido del PJ de auditar lo actuado por el juez Pedro Funes ante la sospecha de que elude adoptar las medidas sugeridas por la fiscal. Ante eso: encargó al auditor general un informe instantáneo, sin darle tiempo de ver siquiera el expediente.

-El Poder Ejecutivo tomó sólo una medida: reprochó severamente a la directora del Registro de la Propiedad Inmueble, Olga Alonso, por haber suministrado la información a Piccinini sin dar previo aviso al gobernador. En lo demás -ya se sabe- definió que no habrá renuncias ni investigación de responsabilidades en Familia, Salud ni Hacienda. Y punto.

Esta semana, ante el tribunal que lo juzga por coimas, el ex titular de Lotería de Río Negro, Miguel Irigoyen, pretendía convencer a los jueces de que su actitud bonachona -y no la intención de delinquir- generó el depósito de 10.080 pesos que hizo en su cuenta el concesionario a quien debía controlar, y la compra de una empresa sello para el amigo del hijo del gobernador.

Es probable que esa confusión entre lo público y lo privado sea esencial al grupo que conduce la provincia desde 1983.

Lo preocupante, en todo caso, es que no haya habido hasta el momento una reacción social e institucional que evitara o sancionara tamaña costumbre política, en honor a la prioridad que implica atender las tareas propias de un Estado.

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar