VIEDMA (AV).- La legisladora Magdalena Odarda buscará que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) patrocine a la provincia de Río Negro o a los directos afectados, en la apelación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declara la "inconstitucionalidad" de la ley provincial 3.701. Esa norma rionegrina prohibe el retiro de medidores, los cortes y el cobro de reconexión ante la falta de pago de los servicios básicos domiciliarios. La sentencia de la Corte afecta a Río Negro, pero por sobre todo a quienes son beneficiarios de la misma, indigentes, jubilados con haber mínimo, pensionados, desocupados, núcleos familiares de escasos recursos con discapacitados a cargo, empleados del estado provincial, mientras dure la emergencia económica provincial.

Magdalena Odarda, autora de varias de las prórrogas de las leyes que suspenden cortes de servicios de gas, luz y agua potable en Río Negro a los usuarios de servicios públicos mas vulnerables, dijo que "esta sentencia prioriza el derecho de propiedad de una multinacional, por sobre los derechos fundamentales de los mas humildes, por eso voy a acudir el viernes próximo al CELS, que preside Horacio Verbitsky, por su vasta trayectoria en el patrocinio de causas relacionadas con la defensa de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y en la Corte que tiene su sede en San José de Costa Rica".

Consideró Odarda que "el corte del gas natural, puede ser cuestión de vida o muerte para niños, ancianos, embarazadas, por las bajas temperaturas que se registran en la época invernal".

La ley provincial 3574, sancionada el 17 de octubre de 2002, de autoría del Legislador Carlos R. Menna, complementa la ley 3.701 que prohibe los cortes de servicios públicos de agua corriente, gas, energía eléctrica y de telecomunicaciones.