VIEDMA (AV)- "Si siente que no puede con el cargo con el que ha sido honrado, habrá sin dudas otros rionegrinos comprometidos, apasionados, virtuosos y talentosos que desinteresadamente querrán tomar la posta".

Con esa sugerencia cerró la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, una nota dirigida al ministro de Familia, Alfredo Pega, para insistir en la intención de conocer la lista de beneficiarios de pasajes oficiales.

Piccinini volvió a la carga por este tema la semana pasada. Mediante una nota de cuatro carillas le expresó al ministro su "desagrado" y su "asombro" ante "la reiterada falta de colaboración", "situación que lo expone a una inminente denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Le recordó que "la información que se maneja en el Estado es pública" y afirmó que la respuesta dada "constituye una nueva evasiva".

Agregó que "resulta imperioso conocer y acreditar con documentación respaldatoria la nómina de personas con nombre y apellido y DNI, que supuestamente hicieron uso del beneficio de viaje gratuito solventado por el Estado".

En otro párrafo manifestó la defensora que la gestión de Pega "está sospechada" y por eso ella investiga.

Por otra parte, "Río Negro" tuvo acceso a los registros de la Tesorería General a través de sus sistema Safyc que dan cuenta que el Estado rionegrino lleva pagados a la firma Fredes en este año casi dos millones de pesos, uno menos de lo que le abonó durante todo el año anterior. Otros 850.000 pesos se pagaron a Ceferino -casi 200.000 más que en 2007- y 260.000 a Vía Bariloche -que figuran como viajes aéreos- que significan algo más de la mitad de lo pagado en 2007.

La cuestión de los pasajes oficiales abrió un nuevo frente de conflicto entre la defensora del Pueblo, Ana Piccinini y el titular del Familia, después de los cruces por el caso Flavors. El ministerio es el máximo facilitador de pasajes subsidiados por el Estado, con el argumento de que se destinan a personas carenciadas con urgencias de trasladarse a distintos puntos del país.

Frente al primer pedido de informes de Piccinini, emitido a mediados de octubre, Pega había optado por no responder en lo inmediato.

A principios de este mes, la defensora insistió, bajo advertencia de pedir una orden de allanamiento y el ministro respondió entonces que se encontraba en plazo y suministró parcialmente la información.

Ante esta "falta de colaboración", Piccinini envió la nota con las quejas y la sugerencia de renuncia.