SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La polémica resolución del juez Federal Leonidas Moldes que desconoce la delimitación de la línea de ribera y habilita derechos a un particular sobre la playa de Bahía Serena llegó a la Cámara Federal de Roca, que deberá definir el límite entre lo público y lo privado.

El falló de primera instancia, dictado el 29 de setiembre pasado, reconoció la extensión del dominio de Luis Rosenkjer -propietario de un terreno costero- sobre el lecho del lago Nahuel Huapi, por debajo de la cota 770,4 que marca la línea de ribera. En función de ello ordenó a Parques Nacionales la reconstrucción del cantero demolido tras un largo acto administrativo porque invadía el espacio público.

Los abogados del Parque Nahuel Huapi confirmaron ayer a "Río Negro" que se recurrió en queja ante la Cámara Federal luego que Moldes rechazara la apelación de la sentencia porque "el monto discutido -la multa de $1.000 impuesta al particular- es inferior al establecido para tener acceso a dicho remedio legal".

El cuestionamiento de Parques apunta a la médula de la resolución judicial que sienta jurisprudencia contraria a la construcción normativa que reivindicó el acceso público a las costas de lagos, ríos y arroyos y puso límite al avance de lo privado sobre lo público.

La sentencia recibió duros cuestionamientos de las organizaciones ambientalistas, ex-concejales y funcionarios que trabajaron en el tema. Esta semana sumó su voz la legisladora del ARI Magdalena Odarda, quien señaló "con profunda convicción que el fallo de Moldes significa un retroceso para la democracia y sus instituciones". En tal sentido advirtió que la decisión del juez "sienta un precedente jurisprudencial cuestionable y peligroso para el futuro en lo que significa el `silencioso fenómeno de privatización de los espacios públicos´ en nuestro país". Con anterioridad la ex-concejal Sandra Guerrero -firme impulsora de la normativa de costas- sostuvo que "el fallo se equivoca de tal modo que manda a Parques a rehacer un muro ilegal".