VIEDMA (AV)- El Ejecutivo Provincial busca la forma de ponerle límites a las investigaciones de la defensora del Pueblo, Ana Piccinini. Frente a la insistencia de la titular del organismo de control en pedir informes a las carteras, el ministro de Familia, Alfredo Pega -hasta ahora el más golpeado por las denuncias de la defensora que hicieron caer sus planes nutricionales- pidió la intervención de la secretaria Legal, Técnica y de Asuntos Legislativos, Silvia Jañez, y adjuntó su dictamen a la escueta respuesta brindada acerca del otorgamiento de pasajes oficiales.

En ese análisis, Jañez recurre a las actas de la Legislatura de 1993 cuando se aprobó la ley N°2756 que creó la Defensoría del Pueblo, para aludir al espíritu del legislador sobre la norma.

Recuerda Jañez que en plena sesión legislativa, el miembro informante del MPP, Ernesto Epifanio, dijo entonces acerca de las funciones del defensor del Pueblo que tienden a "controlar al Ejecutivo en el correcto desempeño de las actividades administrativas. Estas funciones quedan limitadas en el ámbito administrativo en el que preferentemente ejerce un inspectorado. Consecuentemente el defensor del Pueblo no cumple funciones que impliquen un control político".

Tras un larga enumeración de consideraciones y citas textuales de las actas de sesión, la funcionaria concluyó que "los ministerios están sujetos al control externo del Tribunal de Cuentas de la Provincia en cuanto a la legitimidad de lo ingresado e invertido en función del Presupuesto. Este órgano es el competente y tiene facultades de auditoría y eleva su informe anual a la Legislatura".

Agrega la ex legisladora justicialista, ahora integrante del gabinete de Saiz, que del espíritu de la ley N°2756 surge la voluntad del legislador de que no haya superposición de controles, por lo que resulta improcedente e incompetente la pretensión formulada por la Defensoría del Pueblo acerca de que se le informe sobre el otorgamiento de pasajes oficiales.

Piccinini minimizó el dictamen y ratificó su competencia como organismo contralor del Estado, sin ninguna de las limitaciones que invocó Jañez.