BOGOTÁ (DPA) - El gobierno colombiano se declaró ayer preocupado por el impacto social que puede generar la pérdida de dinero de miles de personas por el desplome de firmas que en los últimos meses se han dedicado a captar capitales de forma ilegal.

Aunque esa práctica es de vieja data, el fenómeno comenzó a causar furor a comienzos de este año, cuando se volvieron muy populares las llamadas "pirámides", coordinadas por personas que, sin autorización legal, ofrecían intereses muy superiores a los de la banca formal.

El mecanismo consiste en devolver a un "ahorrador" su dinero con unos intereses de hasta 100 ó 150 por ciento, con base en los fondos aportados por personas que ingresan posteriormente a la "pirámide".

El problema creció en las últimas semanas, cuando comenzaron a conocerse las noticias de la fuga de muchos de los coordinadores sin entregar el dinero prometido. La situación llegó el miércoles a un caos en varias ciudades y pequeñas poblaciones de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo (suroeste), debido al colapso de una de las firmas más conocidas, Dinero Rápido, Fácil y Efectivo (DRFE).

Miles de personas se amotinaron en las ciudades de Popayán y Pasto, donde las autoridades locales tuvieron que decretar el toque de queda, al igual que en otras cinco poblaciones de esas provincias. Por su lado, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, dijo que el problema ha sido difícil de enfrentar por la misma condición de ilegalidad que lo rodea, pues las operaciones siempre se hacen en efectivo y no queda ninguna prueba de la captación de dinero sin autorización. "La gente no está dispuesta a denunciar. Es una problemática social enorme", dijo Zuluaga, quien dijo que ni siquiera existe un dato confiable sobre la cantidad de dinero que se ha movido en ese sistema. La Superintendencia Financiera señaló que tan sólo la firma DRFE recibió en los últimos cuatro meses 171 millones de dólares.