VIEDMA (AV).- Cinco ciudades rionegrinas concentran la mayor cantidad de ocupaciones ilegales en la provincia, según el relevamiento preliminar elaborado por el Consejo Provincial Asesor de Tierra y Vivienda.
Aún no se sabe qué cantidad de familias están involucradas pero el problema de tomas es notorio en Viedma, Allen, Cipolletti, El Bolsón, Roca y Bariloche.
Esa representación gubernamental había remitido una convocatoria a todos los municipios a fin de que informen de su demanda, obteniéndose respuestas de casi todos a excepción de Roca y Bariloche.
En los detalles de situación dominial que se están recepcionando se pudo determinar que los terrenos aparecen como de propiedad de las comunas o bien privados. Incluso, trascendió de la comisión, que varias familias recibieron sentencias de desalojo que hasta la actualidad no se cumplieron.
Los funcionarios que participaron de la última reunión decidieron iniciar una tarea de verificación de las tierras fiscales en las que se puedan utilizar para atender la demanda territorial.
Uno de los avances se produjo en Allen, una ciudad que reúne alrededor de 15 tomas.
En el encuentro del consejo se recibieron una serie de inquietudes de la organización no gubernamental Un Techo para mi Hermano de Roca que pidió respuestas al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda.
En el curso de la próxima reunión, convocada para el 25 de este mes, los miembros de la comisión recibirán el informe de varias organizaciones que representan a asentamientos irregulares de la provincia. Estas entidades se reunieron recientemente en el Alto Valle donde se verificó la insuficiencia de planes para atender las necesidades de familias de humilde condición.
El consejo creó por reglamentación interna una comisión relacionada con las tierras fiscales que son patrimonio de la provincia en cada localidad y un segundo cuerpo destinado a analizar los proyectos legislativos presentados por este tema.
El Consejo Asesor para la Tierra y la Vivienda fue constituido por el gobernador Miguel Saiz, mediante el Decreto Nº 686; tras la situación que se generó en Bariloche cuando unas 120 familias ocuparon viviendas del IPPV por 60 días y Viedma sufrió la ocupación de unas 10 hectáreas de tierras fiscales el 30 de marzo pasado. Allen vivió una situación similar el año anterior.
Por ese motivo, estos municipios más San Antonio Oeste y Viedma declararon la emergencia habitacional. Uno de los propósitos del organismo será la creación del Banco de Tierra Urbana y Rural, con asesoramiento técnico para aquellos municipios que no cuenten con recursos humanos especializados. Una vez recibidos los planteos de los intendentes será centralizado el registro de demanda, como también el uso del suelo en cada localidad.
De las sesiones participan representantes de los ministerios y la Legislatura, bajo la coordinación de la secretaria de Legal y Técnica, Silvia Jáñez.
