La histórica decisión de la Corte de abrir el juego a todas las expresiones sindicales en la representación de los trabajadores provocó un tembladeral que excede el marco de los gremios y el gobierno. Si bien en lo inmediato generó un pantano bajo los pies de los gremialistas ortodoxos y sus aliados gubernamentales, la resolución implica la posibilidad de un cambio en una cultura de más de medio siglo, donde el unicato gremial imperó en los aposentos del poder real. Sucede que desde su desarrollo al abrigo de Perón, justicialistas y opositores prometieron con diversa intensidad establecer un sistema plural, pero siempre quedaron en los aprontes.
Todos tuvieron en común el aval al monopolio gremial, ejercido por las organizaciones poderosas y por la conveniencia hasta más elemental de sus asociaciones políticas.
En ese marco, el sindicalismo peronista también sirvió de dique de contención y exclusión de vertientes más radicalizadas. La Corte, además, vuelve a poner sobre el tapete una cuestión importante. Como en otras cuestiones en que el Estado demoró en exceso la adopción de medidas inherentes a sus deberes, los jueces se encargaron de poner un cauce y ocuparon el sitial en el que debieron estar otros poderes.