VIEDMA (AV).- La falta de pago y de no ocupación son los motivos principales del cese de adjudicaciones de viviendas, según el Operativo de Control Habitacional encarado por el instituto rionegrino IPPV.

Más de un millar de unidades cambiaron de mano en los últimos cuatro años.

Los constantes actos administrativos, en ese marco, incluyen desalojos e intimaciones de cinco días de plazo a regularizar las ocupaciones o bien los pagos de las cuotas de amortización.

Vencido ese tiempo se inicia el proceso de restitución de la vivienda al instituto.

Las viviendas que vuelven al Estado, de acuerdo a los edictos publicados en el Boletín Oficial, están ubicadas en distintos puntos de la provincia y reúnen comodidades de entre dos y tres dormitorios.

Catriel encabeza los retiros de llaves, luego le siguen Cipolletti, Roca, Viedma, Bariloche y Regina.

El organismo explicó que este tipo de gestiones forman parte de la tarea permanente de control habitacional y fiscalización que se lleva a cabo a través del área de Acción Social.

Así, se realizan distintos procedimientos con el propósito de corroborar que los beneficiarios cumplan con la normativa vigente, dadas las características propias de las viviendas construidas a través del Estado provincial.

Se indicó que como es propósito del IPPV brindar soluciones habitacionales a familias que carecen de la posibilidad de acceder a ellas, y que cumplen los requisitos FONAVI; también es política del organismo hacer cumplir la normativa vigente por parte de los adjudicatarios.

En razón de este objetivo el IPPV suele suscribir en el momento de entregar la vivienda, un acta de adjudicación, en la que se establecen los derechos y obligaciones de las partes.

En tal sentido, se verificó que las causas de desalojo son cuotas mensuales impagas, no ocuparla en forma permanente junto con el grupo familiar que motivó la adjudicación, dentro de los 30 días corridos de la entrega de la llave; venderla, alquilarla o cederla por un embargo.

El titular del organismo, Vicente Pili, señaló sobre los operativos que una vez concretada la recuperación, se vuelve a adjudicar de acuerdo a un lista de espera de adjudicatarios que conforma el instituto.

No obstante, aclaró que para definir la demanda total se está elaborando una base de datos con nuevos sistemas de informatización.

"Debemos ser prudentes en la difusión de la demanda para no generar expectativas, porque es muy cambiante en forma permanente", justificó.

Cobro especial

En cuanto a los procedimientos de recuperación de propietarios, el director de Acción Social, Gustavo Otero, sostuvo que antes de llegar a esta situación se cita a quienes tienen la tenencia en el marco de un operativo de cobro especial.

En algunos casos, citados oportunamente, para el funcionario se llegó a un arreglo en un 80 por ciento de los casos formalizando un convenio de refinanciación de deudas en pagos que van de 12 a 40 cuotas.

Las mensualidades comprometidas oscilan entre los 40 y 200 pesos.