Mediante el decreto 1816 el gobernador Jorge Sapag eligió al licenciado Fernando Miodosky para que, dentro de los dos próximos años, realice un relevamiento mensual de lo que la población neuquina piensa de su gestión. A razón de 25.410 pesos por mes, el total del gasto será de 609.840 pesos.

Existen en el país empresas muy conocidas y prestigiadas que hacen ese tipo de estudios. No obstante, el Ejecutivo neuquino decidió prescindir del régimen licitatorio que establece la ley provincial 2141, de administración financiera y control, para optar por la excepción del artículo 64, inciso 2, apartado h), de esa ley.

Ese artículo exceptúa de la licitación al gasto "para adquirir, conservar, ejecutar o restaurar, obras artísticas, científicas o técnicas que deban confiarse a empresas, personas o artistas especializados". El decreto, en sus fundamentos, dice que Miodosky tiene "amplios y variados antecedentes en cuanto a su trayectoria, que demuestran su especialización para la ejecución de las tareas requeridas". Antes de ser llevada al público, la encuesta será puesta en conocimiento de la subsecretaría de Información Pública, a cargo de Antonio Artaza.

El decreto invoca también el artículo 75 del reglamento de contrataciones. En el inciso d) se advierte que "la exclusividad y falta de sustitutos deberá probarse mediante certificación expedida por organismos competentes". Y en el h) que "la capacidad artística, técnica o científica se fundamentará en antecedentes que así lo acrediten".

Durante el primer mandato de Jorge Sobisch el gobierno contrató una encuesta, igualmente directa, con fines parecidos aunque por un monto mucho mayor. En 1996, cuando ya ejercía su último mandato Felipe Sapag, se presentó una denuncia penal contra los funcionarios involucrados, quienes finalmente fueron sobreseídos a fines del año 2000 porque el juez, Daniel Geloni, no encontró mérito para juzgarlos por el delito de peculado que se les había imputado