VIEDMA (AV)- La entrega y rendición de pasajes oficiales por parte de los organismos del Estado es el nuevo objeto de análisis por parte de la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, quien ya advirtió que pedirá un allanamiento para obtener respuestas del Ministerio de la Familia que no envió la información solicitada acerca de ese tema. Algunas empresas con las que el Estado rionegrino tiene convenios para la provisión de boletos a personas carenciadas que deben viajar por casos de urgencia o para los funcionarios en cumplimiento de sus tareas, enviaron a Piccinini informes parciales sobre lo solicitado.
La firma Fredes Turismo SRL facturó durante 2007 un total de 1.614.645 pesos divididos en montos muy dispares en los diferentes meses del año. En tanto, en el actual período lleva facturados hasta setiembre incluido 1.129.457 pesos con su pico máximo en enero último (305.880 pesos) y el mínimo en marzo (58.635 pesos). Por su parte, la empresa Ceferino obtuvo 590.332 pesos en 2007 y 542.053,30 en 2008.
En definitiva, los montos equivalen a un gasto diario de algo menos de 6.200 pesos en pasajes. Es decir, 47 pasajes por día si consideramos que éstos valen cerca de 130 pesos cada uno a precios actuales. Más de un micro (coche común) lleno por día.
Los responsables de las dos firmas se excusaron de entregar información sobre el listado de usuarios. En el caso de Ceferino, su presidente Carlos Balogh aclaró por nota que "el sistema informático de la empresa registra los movimientos del ministerio como cliente en la cuenta corriente, por lo que el nombre del usuario se imprime en el boleto pero no existe registro".
El apoderado de Fredes, Manuel Maza, respondió al respecto que "lamentablemente dicha información no obra en nuestro poder, por cuanto la empresa no lleva ningún registro de pasajeros o beneficiarios de órdenes oficiales ni tampoco retiene documentación alguna, limitándose a verificar que el tenedor de la orden sea quien retira el boleto de viaje".
No obstante, Maza aporta en la respuesta de Fredes un dato interesante, aunque poco claro: "No sólo el Ministerio de la Familia ha contratado nuestro servicio sino que también lo han hecho otros organismos de la provincia y con montos similares", subraya el abogado. Enumera a la Secretaría General, el Ministerio de Gobierno, Poder Judicial, Ipross y el Ministerio de Educación. Luego adjunta una planilla en la que consigna los montos percibidos mes a mes durante 2007 y 2008. Aunque no se especifica si esas cifras corresponden a todo el Estado rionegrino o sólo al Ministerio de la Familia puede deducirse que los mismos son los de la cartera que conduce Alfredo Pega, ya que acerca de ese organismo en particular se había realizado el pedido de informes.
Frente a la aseveración de que otras áreas de gobierno contratan pasajes, Piccinini envió pedidos de informes a las demás autoridades involucradas. Y el jueves último reiteró la solicitud realizada el 21 de octubre al ministro de Familia en la que requiere precisiones sobre montos, empresas y beneficiarios de pasajes oficiales y lo intimó a que, si en un plazo de 72 horas no da respuesta, procederá a solicitar intervención judicial para allanar las dependencias del Ministerio y proceder al secuestro de los elementos útiles para los avances de la investigación de acuerdo al artículo 11 inciso k de la ley 2756, que regula las atribuciones de la Defensoría del Pueblo.
