A partir del 2000 el DPA empezó con intimaciones y amenazas de posibles sanciones hacia la empresa que entonces aún era ARSE. "La falta de respuesta a la presente en la forma y tiempos requeridos será pasible de la correspondiente sanción según lo estipulado en el contrato de concesión y los procedimientos administrativos vigentes", decía una nota del 16 de junio de ese año, firmada por Mirta Manuel, directora de Regulación de Servicios de Saneamiento del DPA, que pedía informes sobre las condiciones de funcionamiento de la planta depuradora cloacal de Viedma, que había sido inaugurada en 1999.

El 5 de julio esa funcionaria pidió que se estableciera la primera multa, pero fue dejada sin efecto por el superintendente Horacio Collado. En setiembre, Manuel insistió diciendo que desde enero una segunda laguna estaba sin operar. El 3 de enero de 2001 la situación seguía igual y volvió a intimarse con la multa. Recién el 27 de febrero de este año, más de siete años después, Horacio Collado resolvió implementar la sanción luego del requerimiento técnico y de la presentación de quejas por parte de vecinos. Se estipuló en 8.650 pesos. El 18 de marzo ARSA apeló la medida y el expediente pasó a manos del fiscal de Estado, Alberto Carosio.

Aunque no consta en las carpetas su respuesta, se descarta que se reitere el criterio de 2005, cuando el fiscal concluyó que por ser el DPA y ARSA ambos organismos del Estado no pueden existir sanciones pecuniarias. (AV).