El conflicto instalado en torno al proyecto de exploración hidrocarburífera en el área Ñirihuau tiene por ahora como manifestación visible una madeja de interrogantes que crecen y se multiplican sin encontrar respuesta.

Por el contrario, el avance de los hechos consumados como la adjudicación que resolvió el gobierno provincial en favor del consorcio YPF-Pluspetrol no hace más que atizar el descontento.

La organización de los pobladores, grupos ambientalistas y comunidades indígenas hicieron punta en el rechazo del emprendimiento. Y los políticos locales no se quedaron atrás. Los concejales del Frente Grande fallaron en el intento de frenar la licitación vía recurso de amparo. Por su lado, el intendente Marcelo Cascón insistió esta semana en cuestionar el proyecto petrolero (ya lo había insinuado tiempo atrás) al alegar que es "incompatible" con la actividad turística.

El área Ñirihuau se aproxima a unos 25 kilómetros de Bariloche y está surcada por arroyos y vertientes que desaguan en el lago Nahuel Huapi. También nacen en la zona los ríos Pichi Leufu y Chubut, que riegan extensas regiones donde el agua más temprano que tarde cotizará como el petróleo.

En esa bella geografía de transición a la estepa viven varias familias dedicadas a la ganadería y la zona toda está incluida en la Reserva de Biosfera Norpatagónica, cuya preservación es responsabilidad compartida de los parques nacionales, municipios y provincias de la región.

Frente a estas evidencias, el gobierno rionegrino apeló una vez más al comportamiento medroso y diagonal. Aun así no pudo evitar que en este caso su plan de concesiones petroleras de áreas marginales tope con una resistencia inesperada. Y está a la vista que erró groseramente de estrategia.

No sólo falló en la comunicación al optar por el retaceo de datos y las explicaciones a destiempo. También alimentó las sospechas sobre los intereses en juego al postergar la audiencia pública que los vecinos reclaman desde febrero pasado.

Mientras los funcionarios con asiento en Viedma advirtieron sólo pasarán por el mal trago de la consulta pública una vez que la empresa adjudicataria presente el estudio de impacto ambiental "porque así lo establece la ley", los intendentes de Bariloche y Pilcaniyeu prometieron convocar su propia audiencia en breve plazo, sin esperar las obligaciones legales.

Ese foro se convertirá seguramente en canal multiplicador del descontento popular, no sólo a partir de los planteos de los asambleístas que batallan desde hace meses contra la llegada de las mega empresas petroleras. Es probable que se sumen también numerosas voces del mundo científico y académico.

Como un anticipo, los historiadores reunidos aquí en un congreso patagónico emitieron una declaración en la que sostienen que según "las evidencias nacionales e internacionales y a pesar de las promesas empresariales o del Estado", la contaminación derivada del emprendimiento petrolero "es esperable".

Cuestionaron también "la idea de que las industrias extractivas deben ser juzgadas sólo por el impacto ambiental" sin considerar por ejemplo sus consecuencias sobre "la valoración de la tierra, la afectación de la economía regional y las transformaciones a corto y largo plazo de la vida social, comunitaria e institucional".

Los investigadores agregaron que "a la luz de investigaciones históricas y económicas, la mera extracción de bienes comunes y recursos naturales nunca significó un desarrollo económico autónomo o benefició a los pueblos".

Allí resida tal vez el punto más endeble de la posición esgrimida por el gobierno provincial.

Con matices, las empresas petroleras y mineras asumen cada vez más que es insuficiente demostrar la supuesta inocuidad ambiental de sus proyectos. Hoy no sólo la cuestión técnico/económica define hoy una inversión de estos volúmenes, también es determinante la viabilidad social. Sirven como ejemplos lo ocurrido en Esquel y Calcatreu.

Las concesionarias se esmeran en explicar y convencer hasta donde les es dado, pero es improbable que decidan iniciar la explotación si la comunidad mantiene su postura hostil. El gobierno debería tomar nota de esa realidad.

El factor económico -si bien no es el único- tiene su peso, pero aun en ese rubro no están claras las ventajas. El gobierno contaría con algún argumento de su lado si la actividad petrolera generara demanda masiva de mano de obra o si las concesiones fueran sinónimo de mejores hospitales, educación de calidad y tierra y vivienda para toda la comunidad circundante. Pero la naturaleza misma del plan petrolero provincial es contradictorio con ese tipo de compromisos.

Así las cosas, sólo queda esperar que el rechazo se reproduzca.

Daniel Marzal

dmarzal@rionegro.com.ar