VIEDMA (AV)- Los expedientes oficiales ponen en evidencia lo que los funcionarios muchas veces no dicen públicamente para evitar que trasciendan conflictos existentes.

Las carpetas que el Superior Tribunal de Justicia remitió a los firmantes del amparo por la contaminación del río Negro, dejan en claro que desde 1999 el Departamento Provincial de Aguas intima a Aguas Rionegrinas por incumplimientos sucesivos con relación a la planta de tratamiento de líquidos cloacales de esta capital.

Algunas intimaciones terminaron en sanciones que recorrieron los pasillos del DPA desde los sectores técnicos, pasando por despachos de asesoramiento legal hasta la Superintendencia que les dio curso.

Pero el cobro de las multas impuestas no se logró porque Fiscalía de Estado argumentó que no corresponde implementar reprimendas entre dos organismos públicos, lo que hizo difuso el rol de Ente Regulador que el DPA tiene en relación a ARSA.

El 7 de abril de 1999, a raíz de presentaciones realizadas por una vecina que había denunciado ante la Defensoría del Pueblo la existencia de malos olores en los alrededores de la planta, se pidieron los primeros informes acerca de las medidas de atenuación de ese problema, los monitoreos de rutina implementados y las frecuencias. Además se solicitaban estudios de bacterias coliformes, oxígeno y sulfuros.

Cinco meses después respondían desde ARSA que habían sido fuertes vientos los que provocaron sobrepaso del líquido por encima de los terraplenes, roturas en las membranas, profundas grietas en la zona externa de taludes y su descenso.

Al año siguiente volvieron a producirse cruces entre los dos organismos y reclamos por el ascenso de presencia de Escherichia coli y de sulfuros en las muestras.

En el 2002 se intimó a la empresa por permanentes demoras en las respuestas pedidas y siguieron reiterándose reclamos de técnicos y vecinos por los olores y evidencias de fallas en el sistema. En el mismo tenor continuaron las notas cruzadas en los años posteriores.

Última comunicación

Hace 20 días, según consta en los expedientes que entregó la Justicia a los amparistas encabezados por el concejal local Ariel Gallinger, hubo una última comunicación en la que el DPA pide que se le remita el Plan de Tareas que asegure la puesta en funcionamiento de la planta depuradora, se proceda a la extracción de los barros acumulados en la primera unidad de la planta y le rechaza la propuesta de ARSA de movilizar los barros de la primera a la segunda laguna, entre otros datos técnicos que permitan asegurar que la obra de refacción de la planta, cuya finalización está prevista para el 15 de diciembre y que fue financiada por el DPA mejorará definitivamente la eficiencia del sistema de tratamiento de los líquidos cloacales. Al respecto, no obran respuestas en el expediente.