NEUQUÉN (AN) - No habrá más dinero para subsidios, estarán prohibidas las nuevas contrataciones de personal y cesarán sus renovaciones automáticas, sólo los ministros podrán autorizar viajes, no estará permitido modificar las condiciones laborales y cada funcionario será responsable de cada gasto realizado sin la previsión de su financiamiento. Con este plan de ajuste, el gobernador Jorge Sapag piensa llegar a fin de año con el balance de caja equilibrado. Las medidas fueron dispuestas por un decreto dictado el jueves por Sapag en acuerdo general de ministros y conocido ayer.

La ministra de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, Esther Ruiz, reconoció, en una charla con "Río Negro", que en líneas generales el decreto "es un recorte de gastos" aunque relativizó la incidencia de la medida en cuanto a despidos ya que señaló que "se hará una excepción para todos aquellos contratos que sean necesarios renovar, porque tampoco se puede dejar de un día para el otro a la gente sin trabajo". Sapag y sus ministros vienen diciendo que no está garantizados siquiera los fondos para pagar el aguinaldo. Es la respuesta a los reclamos generalizados de aumento salarial que se realizan desde los sindicatos estatales.

En el presupuesto estaba previsto que, para no cerrar el año con un déficit que hiciera necesario buscar financiamiento, era preciso bajar en 100.000.000 de pesos los gastos.

Esa política aparece ahora detallada en este decreto, que no hace mención a los fondos que comenzarán a ingresar este mes por la prórroga otorgada a YPF en la concesión de ocho áreas petroleras (ver aparte).

La norma limita "los aportes o subsidios financiados por el Tesoro provincial a la fecha del presente hasta el 31 de diciembre de 2008, destinados a empresas y organismos del Estado provincial, municipal o nacional, organizaciones no gubernamentales a las sumas que demande el pago de las remuneraciones del personal".

También limita hasta fin de año los aportes a las comisiones de fomento, con la salvedad del dinero necesario para los salarios. Prohíbe a los funcionarios tomar personal por contrato e inclusive dar de baja los que estuvieran en trámite.

También elimina las autorizaciones dadas para establecer renovaciones automáticas de los contratos de locación de servicios. Y en caso de que fuera necesario, tendrá que realizarse por decreto del gobernador.

La norma le pone, además, mayor control a la emisión de órdenes de compra si la respectiva previsión presupuestaria.