BUENOS AIRES (DyN) - El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, criticó ayer duramente la decisión de la Procuración General de la Nación de fijar límites a las investigaciones sobre corrupción, que en muchos casos involucran a funcionarios nacionales, y aseveró que en la Argentina "hay impunidad".

"Evidentemente hay problemas, hay impunidad, no hay sentencias y la cuestión sobre las facultades de la fiscalía pasa a sumarse a la serie de problemas que evidencian que la Argentina no está cumpliendo con las obligaciones que tiene en materia de investigación de la corrupción", advirtió. Garrido, en diálogo con radio Continental, lamentó que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, haya acotado las atribuciones de la FIA -organismo que preside desde hace cinco años- para investigar los delitos de corrupción que, entre otros, involucra a funcionarios públicos nacionales.

El funcionario dejó en claro la gravedad de la situación: "La interpretación de que la fiscalía no está especializada en la investigación de la corrupción, que es lo que surge de la resolución del procurador (Righi) de ayer, viene a poner sobre el tapete que no hay organismo independiente especializado en investigar y en perseguir la corrupción".

Concretamente, Righi recurrió al concepto de "intervención necesaria" de la ley del Ministerio Público en lo que se refiere a esa fiscalía, para recortar la intervención de Garrido en causas que no se hayan iniciado por su denuncia. Entre las causas más resonantes, el fiscal intervino en las presuntas coimas del escándalo de Skanska, la bolsa con dinero encontrado en el baño del despacho de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, la denuncia sobre la manipulación de los datos del INDEC y el supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente Néstor Kirchner.

"Esta cuestión sobre la competencia de la fiscalía se suma a otros problemas que existen y, en definitiva, tendría que hacerse cargo el Congreso de regular adecuadamente", aseveró Garrido. El fiscal enfatizó que la persecución de actividades delictivas "es una de las cosas que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción le exige a los países que son parte, y la Argentina es parte".

Garrido insistió en que frente a este panorama, "si la fiscalía no es el organismo (encargado de investigar ese tipo de irregularidades) entonces el Congreso tendrá que ponerse a estudiar el tema y regular de acuerdo a las normas que rigen y que la Argentina tiene que cumplir".

El funcionario hizo un resumen de las facultades de su fiscalía y de los recortes que sufrió con la resolución de Righi. En ese sentido, Garrido describió un panorama de limitaciones para la fiscalía. "Lo que está pasando es que cuando la Fiscalía tiene una investigación en curso se presenta cualquier denunciante solamente con un recorte periodístico en el fuero federal y luego la Fiscalía, entonces, no puede ejercer ninguna acción, ni presentar ningún escrito, ni proponer pruebas, ni nada de eso", precisó.