Una exhortación a implementar cuanto antes el sistema acusatorio formuló el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, por entender que "es el único régimen que satisface las exigencias surgidas de la Constitución Nacional para el enjuiciamiento penal". Para ello reclamó que los restantes poderes del Estado destinen los fondos necesarios para contar con infraestructura y recursos humanos suficientes".

Consideró una condición básica que "se otorgue al Ministerio Público Fiscal la investigación del delito, contando con una Policía Judicial que responda a su autoridad", para lo cual pidió "no economizar esfuerzos", conociendo la resistencia que puede existir a esa transferencia de poder.

A su vez, estimó necesario que la asunción de la responsabilidad por el Ministerio Público Fiscal vaya acompañada de un proceso de modernización y reestructuración de ese organismo, para evitar que el cambio sea una "fuente de renovadas frustraciones", y fortalecer también la estructura de la Defensa Oficial y de las Asesorías de Menores e Incapaces.

El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina emitió la declaración en Carlos Paz, en el marco de las XXI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos de la República Argentina. De ellas participaron los procuradores generales de Río Negro, Liliana Piccinini, y de Neuquén, Alberto Tribug.

En la ocasión reclamó la independencia efectiva de las Instituciones involucradas en la administración de Justicia respecto de otros poderes del Estado, así como la autonomía y fortalecimiento del Ministerio Público en todas sus ramas, por considerar que "en él se asienta el cambio que la sociedad espera".

Ante la insatisfacción social en relación con las políticas sobre el delito, los representantes de los Ministerios Públicos consideraron imprescindible que los Ejecutivos se ocupen de la prevención y los órganos de administración de Justicia del juzgamiento, para lo cual pidió políticas de Estado de corto, mediano y largo plazo.

Exhortaron a dotar de recursos materiales y humanos al sistema carcelario y post carcelario para que pueda cumplir fielmente con su finalidad.

Jóvenes y ley penal

En relación con los jóvenes, consideraron "imperioso" reclamar la derogación de la ley 22.278, "dado que habilita dos inconstitucionales ejercicios del poder punitivo a) en lo penal, aplicando diferido, derecho penal de adultos, imponiendo incluso, penas privativas de libertad perpetua y b) en lo encubierto, bajo la denominación de tutelar, aplicando medidas coactivas sin garantía alguna, recurso propio del derogado patronato".

Estimaron necesario "impulsar la reforma legal, estableciendo un sistema de responsabilidad penal juvenil, cumpliendo así el Estado Nacional con su obligación de adecuar la legislación interna al Derecho Internacional de los DDHH de niñez y adolescencia".