A estas alturas, el daño institucional es una sutileza. El daño económico aparece circunscripto sobre una minoría desamparada de aportantes al sistema previsional. El daño moral se convirtió en una utopía. Lo que ha producido la estatización de los ahorros previsionales es un daño mayor de consecuencias incalculables para la sociedad y para las próximas generaciones.
Se trata del daño cultural contra toda la nación. Lo que ha producido la administración Kirchner en poco tiempo con la estatización de los ahorros de millones de trabajadores y sus secuelas sobre el mercado financiero, es una devastación de la cultura del ahorro. En otros términos, con esta confiscación de la propiedad privada se consuma la destrucción del ahorro en el país. Se instala la cultura de la imprevisión como norma, la cultura de la inestabilidad permanente y del sálvese quien pueda. La confiscación de los ahorros, y su consecuente destrucción vía gasto público ineficiente, corrupción y clientelismo, condena a las futuras generaciones a vivir en un país sin previsión, sin proyecciones y, en definitiva, sin destino.
Pero el accionar oficial miope ha desatado una ola de liquidación de activos domésticos que ha llevado el precio de esos bienes a valores irrisorios.
En otras palabras, y sin el rigorismo formal de la cesación de pagos, el precio de los bonos argentinos se encuentra en niveles similares a los de un default. Y esto lo ha logrado la administración Kirchner con esfuerzo y esmero. Ha sido una tarea titánica y un registro nunca alcanzado. Ningún gobierno en tan poco tiempo ha logrado destruir y generar tanto daño como la actual administración. En menos de diez años, el oficialismo ha llevado al país a dos quiebras. Sin embargo, si alguien pensó que no se puede caer más en la debacle argentina, se equivoca. En medio de una crisis financiera internacional global y con la perspectiva de una recesión en todo el planeta, la administración Kirchner se encamina a un nuevo precipicio.
El agobio que sufre la estructura económica y que se refleja ya en suspensiones, cierres y despidos es la antesala de una nueva usina de conflictos.
La señal es inconfundiblemente anti-inversión. El que ahorra, pierde. En este contexto, ¿cómo se van a generar más puestos de trabajo?, ¿cómo se saca de la pobreza a millones de habitantes?, ¿cuál es el futuro para millones de jóvenes? El sistema de capitalización no sólo buscó aumentar los ahorros de millones de personas, en previsión de su vejez, sino que permitió que el propio Estado financiara su endeudamiento, dinamizó el consumo al financiar los fideicomisos de tarjetas y permitió a las empresas obtener financiamiento mediante la adquisición de acciones y obligaciones negociables. En definitiva, el sistema de capitalización fue el agente financiero más importante del mercado de capitales argentino y el soporte financiero del crecimiento económico del que tanto se ufana la administración Kirchner.
Con todos los mercados internacionales cerrados, la destrucción del sistema de capitalización significa, lisa y llanamente, condenar a la sociedad argentina a vivir sin crédito ni financiamiento durante años y condenar a los futuros jubilados a engrosar una clase pasiva de características de subsistencia cuando, por definición, el sector pasivo debiera ser de alto consumo como ocurre en los países más desarrollados.
"El ahorro es la base de la fortuna". La frase se replica en la memoria de millones de argentinos que alguna vez supieron alcanzar alguna realización sobre el soporte del ahorro. Está claro que el proyecto actual busca que millones de argentinos estén condenados a la miseria, para sentar las bases del clientelismo, el germen del "Proyecto villa miseria" que encarna y pretende cristalizar el oficialismo. Aun cuando la ley se apruebe con supuestas intangibilidades -de hecho la ley del sistema de capitalización consagra la intangibilidad e inembargabilidad de los fondos-, terminará siendo sólo una normativa de contenido ilegítimo porque se habrán afectado los derechos de propiedad protegidos por la Constitución Nacional. Si la ley es ilegítima, es necesariamente ilegal e injusta. "La ley injusta no obliga en conciencia a su cumplimiento. La ley injusta no es propiamente ley. La ley sólo es justa, en razón de su fin, cuando se ordena al bien común; en razón de su autor, cuando no sobrepasa las atribuciones del legislador; en razón de su forma, cuando establece cargas proporcionales entre los súbditos. La ley es injusta si su fin es contrario al bien común; si hay exceso de potestad por parte del legislador o si la distribución de las cargas que impone la norma es desigual. Sin estas condiciones, la ley es violencia tiránica y debe ser resistida". Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae; I,-2, q. 96
MIGUEL ÁNGEL ROUCO (*)
DyN
(*) Periodista económico
