SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Nuevas dudas se ciernen sobre el proceso de selección del defensor del Pueblo a partir de un proyecto presentado por cuatro concejales para derogar la cláusula reglamentaria que permite su nombramiento en segunda vuelta con mayoría simple de votos.

Claudio Otano, Laura Alves (UCR), Francisco De Cesare (PS) y Silvana Camelli (PJ), advirtieron que de acuerdo a la Carta Orgánica sancionada en enero de 2007 el Defensor sólo podrá ser designado por el Concejo con mayoría especial de dos tercios.

Meses después esa imposición fue complementada por la ordenanza reglamentaria 1.749, que ante la imposibilidad de lograr un acuerdo de 8 concejales sobre 11 prevé realizar una segunda votación con los dos candidatos con más preferencias en la que se impondrá el que obtenga simple mayoría.

Con asesoramiento del abogado Federico Lutz, los cuatro ediles presentaron un proyecto destinado a derogar el inciso d) del artículo 3 de la ordenanza de defensor del Pueblo, que habilitó justamente la variante de la segunda votación.

De existir allí una falla conceptual de la ordenanza, nadie la advirtió hasta ahora salvo el propio Lutz, quien en junio de 2007, cuando era asesor letrado del Concejo, hizo notar la contradicción y propuso (dictamen mediante) corregir el artículo 3 cuando estaba en proceso de análisis.

Los concejales de aquel entonces no siguieron su recomendación y aprobaron la ordenanza por unanimidad. Los actuales tampoco hasta ahora habían hecho observación alguna y se disponían a votar al defensor la semana próxima con las variantes establecidas en la ordenanza.

Lo curioso es que entre los concejales existen ex convencionales constituyentes como Otano y Camelli, que nada habían dicho hasta ahora pero sumaron sus firmas al proyecto que propone corregir la ordenanza.

Esta última iniciativa será considerada el miércoles en comisión legislativa y todo indica que el criterio allí expuesto está lejos de convencer a todos.

La COM dice simplemente en su artículo 77 que el Defensor del Pueblo debe ser nombrado por el Concejo, "requiriéndose el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros".

Mientras el proceso de selección del defensor del Pueblo sigue sufriendo dilaciones, la nómina de postulantes sufrió nuevas bajas. Además de Mónica Elvira y Antonio Jalil (quien lo hizo mediante una solicitada), también renunciaron la ambientalista Ana Wieman y el abogado Alejandro Wickman.