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	La secretaria de Minería e Hidrocarburos, Tamara Pérez Balda, entre los infractores.

VIEDMA (AV)- El Tribunal de Cuentas de la Provincia espera para estos días un aluvión de declaraciones juradas de funcionarios y agentes públicos que manejan fondos. La masiva decisión de cumplir con la ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública sería una reacción frente a la presentación que la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, realizó contra el legislador Daniel Sartor por presunto incremento desproporcionado de su patrimonio.

Fuentes del Tribunal informaron a "Río Negro" que probablemente haya una "lluvia de presentaciones" por parte de los obligados por la norma provincial N° 3550 a entregar declaraciones juradas y a actualizarlas anualmente de existir modificaciones patrimoniales relevantes.

Ayer se supo de 30 resoluciones que el Tribunal de Cuentas envió a responsables de diversas carteras ordenando el no pago de las remuneraciones a funcionarios o agentes de cada área por el incumplimiento de los artículos 6, 7 y concordantes de la ley de Ética. Trece de esos casos corresponden a comisarios, subcomisarios y agentes policiales con manejo de fondos, once al Ministerio de Salud -entre los que se encuentra la Directora General de Recursos Humanos Silvina Ida Campos como la funcionaria de mayor jerarquía-, otros cuatro corresponden al Ministerio de Producción -siendo la de mayor rango la secretaria de Hidrocarburos, Tamara Pérez Balda que reconoció públicamente la infracción y aseguró que cumplirá en los próximos días-. Un caso más es de Educación.

Las resoluciones fueron firmadas por el Tribunal el jueves, en plena efervescencia por la presentación de Piccinini.

La norma es interpretada de manera particular por los vocales de ese cuerpo contralor. "No es necesario que si un funcionario sigue en su cargo, presente la declaración cuando reasume. Tampoco que las actualice año a año, siempre y cuando no modifique su patrimonio desproporcionadamente", dijo uno de ellos. "Yo mismo, cambié el auto hace poco y no lo dejé sentado, pero frente a una denuncia puedo explicar cómo lo hice", sorprendió uno de los vocales en tono de confianza.

La misma fuente habló sobre el caso de Sartor: "cuando un funcionario -dijo tratando de esquivar la cuestión particular- modifica su patrimonio, debe hacer la declaración jurada de manera inmediata. Si es cierto lo que dijo en la conferencia de prensa -en la cual Sartor reconoció que este año o el anterior había adquirido el 50 por ciento de un inmueble valioso en Capital Federal- existiría una irregularidad", agregó.

Lo llamativo es que en el Tribunal, por un lado relativizan las presentaciones anuales, dejándolas libradas a la voluntad del sujeto obligado por la ley. Y por otro, admiten que si el funcionario se va del Estado sin cumplir en 10 días con la presentación que ordena la 3550 es imposible sancionarlo.