NEUQUÉN (AN)- La provincia recibió formalmente las llaves de la cárcel de Senillosa y desde ayer realiza un inventario para controlar que todo esté en condiciones. El traslado de presos recién comenzaría en marzo, cuando terminen la capacitación 150 agentes del servicio penitenciario.
En una primera etapa irán a Senillosa los condenados que están alojados en cárceles de la capital neuquina, porque se prevé que los del interior se resistirán a ser derivados a una prisión ubicada lejos de sus familiares.
De todos modos los traslados se resolverán en conversaciones entre el ministerio de Justicia, Seguridad y Trabajo y los vocales del Tribunal Superior de Justicia.
La construcción de la cárcel de Senillosa fue impulsada por el ex gobernador Jorge Sobisch. Costó más de 70 millones de pesos y el gobierno nacional nunca se interesó en ella como para poner los casi 10 millones de pesos que había comprometido Patricia Bullrich en su fugaz paso como directora de Políticas Penitenciarias, cuando Fernando de la Rúa era presidente.
Ese dinero de Nación era parte de un paquete mucho más amplio en el que se conjugaban cuestiones de seguridad con un fabuloso negocio inmobiliario, ya que la intención del sobischismo era mudar a la nueva cárcel de Senillosa la Unidad 9, la prisión federal ubicada en el centro de Neuquén. Así se liberarían valiosos terrenos con una excelente ubicación.
Pero los fondos nacionales nunca llegaron. Al contrario, hubo una fuerte inversión en la misma Unidad 9 para mejorarla.
Uno de los argumentos contra la mudanza fue que resultaría imposible la convivencia del Servicio Penitenciario Federal con el provincial.
Ahora, con toda la cárcel a su disposición, la provincia deberá hacerse cargo de su cuidado y mantenimiento. Desde ayer una comisión técnica integrada por mayoría de ingenieros que dependen del Ministerio de Seguridad está revisando cada rincón para corroborar que se hayan cumplido los detalles pedidos en el pliego de construcción.
El ministro César Pérez dijo que "la puesta en funcionamiento del complejo penitenciario implica la necesidad de contar con personal altamente capacitado a fin comenzar con las tareas de mantenimiento y puesta en funcionamiento del mismo, con el objetivo que en un mediano plazo dicho establecimiento pueda comenzar a cumplir la función para el que fuera creado".
Recordó que a fin de este año egresarán 150 agentes penitenciarios (con y sin título secundario), los que serán capacitados en enero y febrero para que en marzo se pueda habilitar el complejo.
Por otra parte está pendiente de aprobación un proyecto de ley que crea el sistema de ejecución penal, otro con el régimen de trabajo para el personal penitenciario y un tercero que será de aplicación para la ejecución de la pena.
