BUENOS AIRES (ABA).- El gobierno, a través de la superintendencia de las AFJP, evalúa aplicar una multa a esas administradoras por incumplimiento del plan de inversiones que, por ley, se habían comprometido a realizar, reveló ayer una fuente oficial a esta agencia.
En principio las AFJP debían destinar el 5 por ciento de sus ganancias a invertir en distintos sectores ligados a la economía productiva, pero en su momento pidieron una reconsideración y tiempo porque les parecía excesivo ese porcentaje. Se acordó luego que sería del 1 por ciento en forma progresiva.
El plazo, de un año, venció el viernes pasado y arrojó una inversión del 0,6 por ciento, por lo que habilita al organismo de control a aplicar la multa.
Mientras tanto, en el Congreso se negocia contra reloj para introducir cambios en el proyecto del Poder Ejecutivo para terminar con la jubilación privada. Básicamente, se conversa sobre los sistema de control que se aplicarán para que no haya desvío de los fondos de los aportantes y el reglamento a tener en cuenta para las inversiones.
El jefe de la Anses, Amado Boudou avanzó con el titular de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, sobre la posibilidad de crear una comisión de seguimiento del tema integrada por representantes de la CGT, la CTA y la UIA. El Estado participará con funcionarios del Banco Nación, el Banco Central y la Comisión bicameral parlamentaria.
Sobre los fondos, se estudia la aplicación de una cláusula de previsibilidad, esto es, la especificidad que pedían algunos congresistas. Se procura establecer en la redacción que el jefe de gabinete no tendrá atribuciones para usar esos dineros en gasto corriente y que habrá un tope a la inversión en títulos públicos. Se tratará además de establecer un porcentaje para obras de infraestructura.
Con estas modificaciones, el oficialismo kirchnerista procura sumar 10 diputados del ARI disidente y del grupo de Claudio Lozano.
En tanto, dirigentes de agrupaciones políticas y movimientos sociales del oficialismo y la oposición promueven marchas al Congreso, con la intención de mostrar apoyo y disidencias ante el proyecto oficial de estatización del sistema de jubilación privada.