La sustentabilidad de los sistemas de jubilación es uno de los problemas que más preocupan a los gobiernos en todo el mundo. O, al menos, a aquellos con la mirada puesta en el largo plazo. En sus inicios, la seguridad social se implementó mayoritariamente sobre la base de regímenes de reparto, en los cuales los activos financian con sus aportes los haberes de los pasivos.

Este mecanismo exige una determinada relación activos/pasivos. Suponiendo un aporte jubilatorio del 11% por parte de cada activo, un haber pasivo equivalente al 80% del sueldo en actividad requeriría siete activos por cada pasivo. De allí que la condición básica para la sustentabilidad de esos regímenes sea que los empleados activos superen holgadamente a la cantidad de pasivos.

Por otra parte, el crecimiento económico de los países ha venido acompañado de un envejecimiento de su población. Hoy las familias tienen, en promedio, menos hijos que las generaciones anteriores. Si a ello le adicionamos el aumento en la esperanza de vida (se vive más años), el resultado es que la pirámide poblacional se ha ido invirtiendo y, en consecuencia, la relación activos/pasivos se ha ido deteriorando paulatinamente. Hoy en Argentina no llega a 2 a 1.

Esta situación de deterioro ha forzado la realización de cambios a los sistemas. De allí la aparición de regímenes de capitalización, en los cuales el haber en pasividad estará únicamente vinculado con la cantidad de aportes realizados durante el tiempo en actividad y con los resultados de las inversiones que se hayan hecho con esos aportes.

Está claro que si la plata ha sido mal invertida, los haberes en pasividad serán pobres, y a la inversa. Pero dado que estas inversiones normalmente son diversificadas, es bajo el riesgo de sufrir pérdidas significativas, como también es reducida la probabilidad de obtener ganancias importantes. Si se diera el caso de que absolutamente todos los valores de títulos públicos y acciones de las empresas cayeran, sin duda que los fondos de pensión se verían perjudicados. Pero eso no se evitaría con un sistema de reparto, ya que estaríamos en presencia de una situación de recesión o depresión económica, que afectaría tanto a esos fondos como a la recaudación tributaria que financia los sistemas de reparto.

Hay un factor que complica aún más las cosas. El cambio del sistema de reparto por uno de capitalización busca solucionar problemas a futuro, pero agrava los del presente, ya que al desviar fondos del reparto hacia las AFJP, produce un desfinanciamiento de aquél. De allí que en nuestro país, al momento de su implementación en 1994, se obligó a las AFJP a "invertir" un alto porcentaje de los aportes de los activos en bonos del Estado argentino.

Hoy el gobierno nacional ha decidido volver todo para atrás, reestatizando lo que queda del sistema privado de jubilación, argumentando que con tal medida se termina con el despojo (??) que significó la privatización del régimen en 1994. En esto, el gobierno se parece al ladrón que dispara y para generar confusión se mezcla entre la gente al grito de: ¡al ladrón... al ladrón!

Porque la realidad es bastante diferente de lo que pretende hacer aparecer el gobierno. La realidad dice que entre la fuerte caída en el precio de los granos y una inevitable recesión económica, tendremos una significativa caída en los ingresos fiscales. Si además no hay interesados a la vista que quieran prestarle plata al país, las alternativas para no caer nuevamente en default son apenas dos: o se baja fuertemente el gasto público, o se le saca forzosamente la plata a alguien.

Y el gobierno ha optado una vez más por esta última. Que no hace más que agregarle un nuevo antecedente al prontuario estatal, que se nutre ya de los siguientes saqueos:

1) En sus inicios, cuando las Cajas eran superavitarias, ya que no había pasivos, el Estado decidió hacer el primer robo, tomando esos recursos excedentes para financiar más gasto público. Esto no hubiera sido posible si los fondos hubiesen estado en manos de las AFJP.

2) Dado que los aportes iban a una bolsa (no estaba escrito que tal plata es de Fulano o Mengano), fue posible sancionar regímenes de privilegio, lógicamente, para funcionarios y empleados del Estado. Regímenes que no tienen en cuenta para nada lo aportado. Simplemente disponen que tal persona, si trabajó uno o dos años (y hasta menos también) en tal repartición, ya tiene el derecho a cobrar por el resto de su vida, y de la viuda también, un monto que supera en varias veces los aportes realizados.

La contrapartida de eso son las mayoritarias jubilaciones mínimas que, ¡oh casualidad!, corresponden a jubilados del sector privado. Segundo saqueo, que tampoco era posible si los fondos estaban en manos de las AFJP, ya que todos ellos tienen sus propietarios individuales.

3) La baja relación activos/pasivos, sumada al mencionado saqueo de las jubilaciones de privilegio, no tardó mucho en hacer estallar el régimen. Por lo cual fue necesario inventar un nuevo impuesto, bajo el eufemismo de Aporte o Contribución Patronal. Tercer robo.

4) Pero tampoco alcanzó con eso, por lo cual fue necesaria una nueva sustracción, implementada a través de la toma de impuestos coparticipables para la seguridad social, antes de repartir esos tributos entre el Tesoro nacional y las provincias (pactos fiscales de 1992-94).

Paradójicamente, si hubiera que endilgarle alguna estafa al régimen de capitalización es la de haber "invertido" ahorros en bonos del Estado argentino. Bonos que fueron defaulteados a fines del 2001, luego obligados al canje de deuda y, como si eso fuera poco, trampeados con los índices de precios, con los cuales se ajustan. Aunque, claro está, pocas culpas les caben a las AFJP si fueron obligadas por ley a adquirir esos títulos.

ROLANDO CITARELLA (Economista)

Especial para "Río Negro"