El pedido de la defensora del Pueblo de que se investigue si el enriquecimiento del legislador Daniel Sartor está por encima de lo que justificarían sus ingresos y los de su grupo familiar crispó el ánimo del grupo gobernante.

La conmoción fue superior a la que se advierte por el indefinido destino de los comedores escolares, las carencias en los hospitales o la paliza que le causó la muerte a un preso esposado en la cárcel de Roca.

El bloque de la Concertación convocó a la prensa esta semana para "defender" a su presidente. Pero no hay tal ataque sino una duda razonable basada en una importante cantidad de indicios. No es una injuria ni un trascendido en las sombras.

La presentación de Piccinini incluyó informes brindados en forma oficial por organismos del Estado rionegrino y de la Nación que permiten suponer una prosperidad que envidiarían varios empresarios de la provincia.

Conviene recordar que la actividad política se basa en la atención y administración de los asuntos del conjunto. Por eso, es lógico que quienes se ocupan de ella lo hagan movidos por vocación de servicio e inteligencia estratégica, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos, sobre todo de los sectores más débiles de la sociedad.

Si las funciones políticas son remuneradas es, precisamente, para que esa actividad no resulte excluyente ni que sólo puedan dedicarse a ella quienes posean rentas o fortuna personal. El pago de la política debe, por tanto, equivaler al ingreso que lograría la persona en la actividad privada, en una tarea acorde con las aptitudes y conocimientos que se esforzó por poseer a través del estudio o el trabajo.

Pagar los cargos públicos persigue el objetivo de beneficiar a la sociedad, permitiendo que las personas más aptas puedan dedicarse a la política sin someterse a necesidades ni verse tentadas a corromperse para resolverlas.

No busca, de ningún modo, permitir un enriquecimiento rápido, fácil y sin controles. Si así fuera, el resultado sería exactamente el opuesto al buscado.

Si la política permite a alguien enriquecerse sin trabajar ni rendir cuentas, es lógico que esa actividad atraerá no a las mejores sino a las peores personalidades, aquellas poco propensas al esfuerzo y a la solidaridad que implica pensar en el prójimo -el contribuyente- que es quien paga la cuenta.

Pedir explicaciones sobre el patrimonio de quien accedió a un cargo público no debería ser algo excepcional. No equivale a una injuria ni se corresponde con una acusación penal.

Por eso, resultó llamativo que, ante el pedido de Piccinini, la reacción orillara el espanto.

Antes, tres emisarios de primer nivel intentaron disuadir a la funcionaria de la presentación: los ministros de Educación y de Hacienda y el senador Pablo Verani hablaron sin éxito.

Y, en la conferencia de prensa, Sartor dijo sentirse perseguido. Pero sólo puede perseguir el poderoso. Y la Defensoría del Pueblo no tiene otro poder que el de investigar, denunciar, sugerir, solicitar... Carece de facultades para castigar.

La cuestión, como está visto, pasa por otro lado: si Sartor declaró en el 2001 bienes que no generaban renta y que sumaban un valor de $ 200.000, y -tras siete años de ejercer cargos públicos- tiene propiedades que multiplicarían por diez esa cifra, haría bien en cambiar de estrategia.

Se equivoca si supone que el aval de su bloque le bastará para beneficiar su situación real o mejorar su imagen pública.

En realidad, su empeño debería estar puesto en pedirle al vicegobernador que inicie cuanto antes la prevención sumarial que prevé la ley de Ética Pública, y se lo habilite a hacer su descargo para demostrar que no mintió en la declaración del 2001 ni en la del 2003 y que puede justificar, peso a peso, con qué dinero compraron él y sus familiares las propiedades que hoy poseen.

Ademas, lejos de beneficiarlo la conferencia de prensa, sus propias palabras generaron nuevas dudas.

? Admitió que no presentó la declaración jurada al asumir como legislador en diciembre del 2007. Por lo tanto, desde el 10 de enero no debió percibir sueldo o dieta, ya que esa sanción prevé el artículo 8 de la ley 3.550 para tal incumplimiento. Esto, además de la responsabilidad funcional y económica que pesaría sobre el Tribunal de Cuentas por no haber retenido el ingreso, intimado la entrega, ni tramitado la cesantía en caso de haber persistido la rebeldía.

? Dijo además que no declaró los lotes comprados antes de ingresar a la función pública porque no tenía sobre ellos escritura sino boleto de compraventa. La escritura otorga dominio pleno, pero el boleto sellado y con fecha cierta es suficiente para acreditar propiedad. Prueba de ello es que, si alguien se reivindicara dueño de esos terrenos, Sartor ganaría el juicio presentando ese boleto de compraventa sellado y con fecha en los años ´80. Son suyos, por lo tanto, debió declararlos.

? Justificó no haber actualizado la declaración jurada sumando las mejoras en sus propiedades o la compra de otras nuevas indicando que figura "donde corresponde, que es en la AFIP". Ese organismo tiene una función recaudadora nacional, pero no dirime la legalidad de la compra ni exime a Sartor de sus obligaciones para con las normas provinciales, tanto éticas como fiscales respecto del impuesto Inmobiliario.

? Invocar que vendió un auto para exculparse por no haber declarado su compra es burdo y no amerita respuesta.

En fin. De algún modo, y pese a la conmoción que desató en su gestión, el principal beneficiado por la presentación de Piccinini fue el gobernador.

Por unos días, Miguel Saiz dejó de ser el centro de atención, tras el desgaste sufrido en la defensa del grupo que proveyó durante diez años los alimentos sociales, y que gozó de la condescendencia de quienes debían controlar la sanidad de los productos y la legalidad de los contratos.

Para alivio de Sartor y malestar del mandatario, el desfinanciamiento que ya se advierte en el Estado -por la crisis y las políticas nacionales- no tardará en modificar el panorama.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar