El gobierno nacional dispuso ayer un aumento de la tarifa de electricidad para los hogares de mayores consumos del país, los grandes comercios y la industria de uso intensivo de la energía para financiar la eliminación del presupuesto de 807.000.000 de pesos de parte de un subsidio al consumo, aplicado para no trasladar a los usuarios el verdadero costo de generación del país. "La medida excluye al 92% de los usuarios del país, al 96% de los comercios y al 98% de las industrias abastecidas por las distribuidoras", detalló el ministro Julio de Vido en la presentación.
Abarcará a 750.000 usuarios residenciales, que representan el 8% de los hogares de la Argentina que cuentan con el servicio. Implicará un incremento de 39 pesos mensuales para el que consume más de 1.000 kWh por bimestre. La modificación tarifaria incluye además a 44.000 comercios que consumen más de 4.000 kWh por bimestre. Con relación a la industria, la modificación tarifaria comprenderá a 2.700 usuarios, que son el 2% del total abastecido por las distribuidoras. (Ver infograma)
Entre los actores del mercado eléctrico de nuestra región había ayer más dudas que certezas sobre el alcance de la medida, pero todo indica que llegará a los clientes que corresponda de Edersa, EPEN, CALF, Cearc y la CEB, además del resto de las cooperativas del interior neuquino.
Los generadores tienen sus tarifas desreguladas pero desde que los precios mayoristas de la luz comenzaron a subir, en 2001, la decisión política del gobierno de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner fue no trasladárselas a los usuarios, ni siquiera a los de mayores consumos, que en el sistema de da por descontado que corresponden a los sectores más acomodados del país. Así, el sistema que administra la empresa mixta controlada por el Estado, Cammesa, comenzó a acumular una deuda que, según fuentes de la industria, llegará a fin de año a los 18.000 millones de pesos.
En el medio, el mercado eléctrico sufrió transformaciones por las necesidades del gobierno, como uso de las acreencias para construir dos centrales térmicas, importación de combustibles líquidos de costos altísimos para remplazar el escaso gas y la importación a precios internaciones de energía desde Brasil.
El aumento de la tarifa para estos sectores del consumo, que el gobierno presentó como el fin de un subsidio, "permitirá profundizar la política de redistribución del ingreso, y la clara política que en uso racional de la energía lleva adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde el pasado 10 de diciembre", dijo De Vido en la presentación. El funcionario explicó que además de establecer un "grado de equidad y justicia" la medida tendrá un impacto reducido en las facturas y permitirá "la quita efectiva y taxativa de los subsidios que viene pagando el Estado nacional a todos los segmentos del consumo de energía eléctrica". El anuncio lo realizó De Vido junto al secretario de Energía, Daniel Cameron. También asistieron el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain; el presidente de la CGE, Daniel Millaci; José María Hidalgo, de Edesur y Endesa; Alejandro McFarlane, titular de Edenor y de ADEERA, entre otros.
El grupo Sadesa -titular de las generadoras Central Puerto, Piedra del Aguila y del 17% de El Chocón- saludó la decisión. Consideró "muy relevante para la industria eléctrica el anuncio orientado a la disminución de los subsidios del Estado a aquellas demandas de energía eléctrica con capacidad de afrontar los costos reales de generación de energía eléctrica", señaló.
El representante de la asociación de consumidores Procurar, Guillermo Cerabolo, también respaldó la decisión. De Vido aclaró que también quedan excluidos "los servicios de alumbrado público y los hogares de bajos recursos. Se redefine el precio de la energía para determinados usuarios que hoy están subsidiados", sintetizó el ministro. Negó que fuera un "aumento de tarifas sino la sustitución de subsidios que paga Estado". (Télam, DyN, AN)
